Los ángulos ciegos de la trama

Sevilla- La trama de los expedientes de regulación de empleo que investiga la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, es el mayor escándalo de corrupción política conocido en Andalucía. Hay 72 «intrusos», es decir, personas que nunca trabajaron en las empresas de las que recibieron una póliza de prejubilación que suele oscilar entre los 100.000 y los 200.000 euros; y 111 «discordancias administrativas», una fórmula eufemística que ha utilizado Empleo para designar a los trabajadores que pertenecían a subcontratas o que no cumplían todos los requisitos para acogerse a los ERE.
Entre los imputados, está el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y un ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Ex alcaldes, concejales, altos cargos y hasta la suegra del ex director general de Trabajo y la madre de su chófer figuran como «intrusos». Hasta el momento, más de una decena de cargos del Partido Socialista han cobrado fraudulentamente una prejubilación a costa de los 700 millones de euros transferidos opacamente por la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010, el conocido como «fondo de reptiles».
No obstante, son más las equis que quedan por despejar que las que se conocen. Abundan los ángulos oscuros, bien porque la instrucción aún se encuentra en una fase inicial o bien porque el Ejecutivo de José Antonio Griñán no ha hecho precisamente esfuerzos por la transparencia.


LOS ERE «MUERTOS»
La Junta ha analizado en su auditoría interna las 5.982 pólizas de los expedientes vivos, de las que se derivan las 183 prejubilaciones fraudulentas. Más de la mitad de las empresas presentaron algún tipo de irregularidad. Sin embargo, la semana pasada la mayoría socialista tumbó en el Parlamento una Proposición no de Ley impulsada por el PP para que la Junta investigara también los ERE «muertos»: 19.000 pólizas.


LAS 480 ACTAS
Las 480 actas de los consejos de gobierno desde el año 2001 están custodiadas en un armario acorazado en los juzgados de Sevilla, a la espera de que el tribunal de conflictos jurisdiccionales del Supremo se pronuncie. El Gobierno andaluz se niega a entregárselas a la juez. Estos documentos son clave y marcarán el futuro de la investigación. La Intervención General de Hacienda emitió hasta siete informes entre 2002 y 2008 avisando de que la transferencia de fondos a través del IFA y luego del IDEA se estaba haciendo «prescindiendo de la forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido». Griñán fue consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y debió conocer esos informes, aunque su entonces viceconsejera –y ahora consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo– ha alegado que incumplió el mandato del interventor y no le dio traslado. Lo que quiere conocer la juez es si estas advertencias llegaron al Consejo de Gobierno, lo que dejaría claro que tanto Griñán como Chaves estuvieron al tanto. Y si siguieron autorizando las ayudas y el proceso a sabiendas de los avisos, entonces pudieron incurrir en el delito de prevaricación que rastrea Mercedes Alaya.


SÓLO 3 DE LAS 120 PREGUNTAS
El Gobierno andaluz se ha negado a una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. El PP hizo una petición masiva de información el 14 de febrero, con 120 preguntas. Sin embargo, sólo ha tenido respuesta a tres. Para el resto, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ha emplazado a los populares a que acudan a la Consejería y vean unos documentos que no pueden ni siquiera copiar.
Muchas de estas preguntas son de gran relevancia, de ahí que el Partido Socialista haya levantado un cortafuegos. Por ejemplo, todas las alegaciones presentadas por la Consejería de Empleo a los informes de la Intervención avisando de las irregularidades del proceso o los informes previos emitidos por los servicios jurídicos de la Junta en relación al convenio entre Empleo y el IFA del 2001, que dio lugar al «fondo de reptiles» y que, según la Policía Judicial, vulneró la Ley de Hacienda Pública.