Los 142 primeros «chivatazos»

MADRID- Son cerca de un millar las denuncias que los usuarios, a través de su plataforma Facua, quieren hacer llegar al Ministerio de Sanidad para que cumpla con la amenaza de los hasta 600.000 euros de multa que puede imponer a los que incumplan la Ley Antitabaco. «No queremos hacer el trabajo de los inspectores, pero como la Administración no tiene capacidad suficiente, nos toca a nosotros dar el primer paso», explican desde esta organización. Estos datos contradicen las cifras que aportan los servicios autonómicos de sanidad y consumo. «No hemos recibido ninguna denuncia, los ciudadanos llaman para consultar dudas sobre la nueva normativa pero las quejas son escasas. Lo que más molesta es el ruido», asegura Fernando Martínez Iglesias, director General de Salud Pública del gobierno de Canarias.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) por ahora prefiere mantenerse al margen de la polémica y aunque reciben llamadas diarias que se quejan de la violación de la ley, por ahora no se plantean ninguna acción.

Los ciudadanos no se fían de que Sanidad pueda ejecutar la nueva normativa, como dejó claro la encuesta que realizó Facua en marzo de 2010: «Un 84% de los encuestados no confían en que se controle su cumplimiento, por eso decidimos canalizar nosotros las denuncias de los españoles», comentan desde la organización.

El procedimiento, sin embargo, no está bien visto por algunos partidos, como el PP. La portavoz popular de Consumo en el Senado, Carmen Riolobos, ya ha calificado de «impresentable» la actitud de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, al incitar a los ciudadanos a que se denuncien entre ellos por incumplir la Ley Antitabaco. El portavoz del PP en la comisión de Sanidad del Congreso, Mario Mingo, también se mostró en desacuerdo con los criterios de delación que ahora abanderan algunas organizaciones de consumidores. «Es poco razonable desde un punto de vista ético, y hasta poco elegante, admitir que sean los ciudadanos los que se tengan que denunciar los unos a los otros». En su opinión, «habría que permitir espacios donde los fumadores puedan consumir tabaco para evitar los perjuicios económicos que la estricta normativa española ya está ocasionando». De hecho, calculó que la media de pérdidas del sector hostelero ronda el 30% desde la entrada en vigor de esta ley, similar a la que aplican ya países como Reino Unido, Irlanda y Chipre.

La iniciativa de Facua no terminó ayer, hoy desvelarán más datos sobre las denuncias que los usuarios han tramitado a través de su página web. Por ahora, Andalucía ocupa la primera posición, ya que 246 usuarios se quejaron del incumplimiento de la prohibición de 111 establecimientos. Según la organización, muchas de estas denuncias «han sido depuradas» por repetir la reclamación.

En esta primera batida no se han dado datos de la Comunidad de Madrid, pero su consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty ha indicado que, hasta el momento, el número de denuncias por fumar en lugares no autorizados es «relativamente pequeño», aunque no ha precisado esta cifra. También ha dejado claro que a pesar del correcto cumplimiento de la nueva disposición, la ley «no está bien pensada, al Gobierno le falta rigor a la hora de aplicarla», aseguró.

Como explican desde varias comunidades, durante los quince primeros días de vigencia de la normativa, las inspecciones se realizaban a raíz de las quejas de los ciudadanos, aunque «a partir de la semana próxima se realizarán entre 1.800 y 2.000 en el territorio canario» sin necesidad de denuncia previa, comentó el director general de Salud Pública. No es la única autonomía que ha retrasado los controles, en el País Vasco los inspectores no podrán abrir expedientes a los locales hasta febrero, mes en el que se espera que se apruebe la Ley Antitabaco específica para esta comunidad y que «será muy similar a la impuesta en el resto», dicen desde el Gobierno vasco.

Llegan las primeras sanciones
- La prohibición de fumar en bares, restaurantes y sitios similares ha llevado a la insumisión. Es el caso de un bar ubicado en Castellón, cuyo dueño, Fernando Tejedor, se declaró insumiso, por lo que la Conselleria de Sanidad les remitió la apertura de un expediente sancionador que la ley establece en entre 6.000 y 600.000 euros, según fuentes de este departamento. Ya el pasado día 5 los inspectores de Sanidad levantaron acta, posteriormente se levantó la segunda y ahora los dueños están a la espera de la tercera. Tejedor también ha asegurado, informó EFE, que ni él ni su abogado han recibido la notificación de la Conselleria de Sanidad donde se le informa de la sanción impuesta por dejar fumar en su local. Además, en Valencia, los inspectores de la Conselleria de Sanidad también levantaron acta contra el bar-restaurante Rodrigo por permitir fumar a sus clientes. Rodrigo Arroyo, el dueño, está a la espera de la notificación.