Acepta dos años de cárcel por los ruidos que originaba su bar

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona estaba previsto hoy el juicio contra Julián R., para quien la Fiscalía pedía cinco años y dos meses de prisión por un delito contra el medio ambiente porque los ruidos que procedían del bar que regentaba el acusado superaban ampliamente el límite permitido por la ley.

No obstante, el juicio no ha llegado a celebrarse, dado que el procesado ha aceptado los hechos que se le imputaban y se ha conformado con la rebaja de pena planteada por la Fiscalía, dos años de prisión y otros dos de inhabilitación para el negocio de la hostelería, así como una multa de 4.800 euros.

El ministerio público se ha avenido a reducir la condena que inicialmente solicitaba porque el acusado ha hecho las modificaciones necesarias en su local para mitigar los efectos del ruido que en él se emite, lo que ha sido comprobado en una acta de inspección municipal con fecha de 4 de noviembre de 2010.

El acusado regenta desde el año 2003 en la calle Tapioles de Barcelona la granja "Ibiza", que en abril de 2005 transformó en un bar musical abierto al público hasta las 3 de la madrugada, sin solicitar para ello ningún permiso administrativo.

Desde entonces, los vecinos del inmueble denunciaron hasta en 38 ocasiones ante la Guardia Urbana los ruidos procedentes del local, alegando que les impedían conciliar el sueño y les provocaban además ansiedad y estrés.

En abril de 2005, la Guardia Urbana realizó una primera inspección en el local en la que comprobó la ilegal actividad del bar y las fuertes emisiones de ruidos de los aparatos de música, situación que motivó un expediente sancionador y la clausura del establecimiento.

El dueño del bar "Ibiza"presentó entonces un escrito en el consistorio en el que aseguraba que había instalado un limitador acústico de los aparatos de sonido, pero en una nueva inspección de abril de 2006 la Guardia Urbana comprobó que el acusado había roto el precinto y seguía con sus actividades en las mismas condiciones.

En inspecciones sucesivas, que se prolongaron hasta julio de 2009, los agentes constataron que el acusado mantenía en funcionamiento el bar musical, sin reducir las emisiones de sonido y desoyendo las repetidas órdenes de clausura por incumplimiento de la normativa.

De acuerdo con las mediciones que figuran en los informes, el bar, que había instalado ilegalmente un equipo de música, originaba un ruido con un índice de emisión de 95,5 decibelios, mientras que el nivel máximo permitido es de 70, y en las viviendas de los vecinos superaba ampliamente los 30 decibelios que establece como límite la normativa.

En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía pedía también que se ordenara la clausura del establecimiento del acusado por un período de cuatro años, pero finalmente ha retirado esa propuesta al comprobarse que se han incorporado las medidas necesarias para mitigar las fuentes de sonido del local.