La Justicia paraliza cautelarmente la plantación de cannabis de Rasquera

BARCELONA– El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona ha paralizado la creación de una plantación de cannabis en Rasquera al admitir a trámite el recurso interpuesto por la Abogacía del Estado el pasado 30 de marzo. Así, el convenio firmado por el Ayuntamiento de la localidad en manos de ERC y la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda) queda en suspenso cautelarmente hasta que el proceso judicial no llegue a su fin. Mientras tanto, el fiscal de Tarragona continúa su propia investigación sobre el asunto a petición de la Fiscalía Especial Antidroga y, tal y como, lo solicitó el conseller de Interior, Felip Puig.

El recurso presentado por la Delegación del Gobierno en Cataluña a instancias de la Abogacía del Estado engloba los diferentes acuerdos aprobados por el pleno del Consistorio de Rasquera el pasado 29 de febrero con el objetivo de saldar la deuda municipal. En este sentido, la decisión judicial paraliza lo que el equipo de gobierno denominó «plan anticrisis» y frena así la plantación de marihuana.

Con cuatro votos a favor –los del equipo de gobierno (ERC)– y tres en contra –los de la oposición (CiU)–, el Ayuntamiento dio luz verde a la cesión de una finca municipal a la Abcda para cultivar en ella cannábis, así como la creación de dos empresas municipales para la investigación de las propiedades de la planta y la creación de 40 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Con estas medidas, el Consistorio perseguía ingresar 1,3 millones de euros en dos años además de rebajar la tasa de paro en el pueblo. Por su por parte, la asociación, que cuenta con clubes de fumadores en el barrio la Barceloneta de la capital catalana y en Sitges, pretendían poder seguir proveyendo a sus socios.

Los habitantes de la población tarraconense fueron llamados a apoyar o no el plan en un referéndum sin precedentes en Cataluña. La convocatoria fue una suerte de salida al paso del propio alcalde del municipio, Bernat Pellissa, dado el revuelo mediático que las decisiones consistoriales causaron. El 10 de abril, el 56,3 por ciento del censo –804 personas– dijo «sí» a la plantación, aunque fue un resultado que vino a enrarecer más la situación. Días antes, Pellissa había declarado que el proyecto se paralizaría y que dimitiría si no lo aprobaba el 75 por ciento. Pero, el alcalde ni dimitió ni frenó el proyecto.

De hecho, el convenio entre Rasquera y la asociación cannábica se firmó en marzo y supuso el desembolso de 36.000 euros por parte de la entidad cannábica. Pero todo quedó en «stand by» a la espera de que la Justicia dictamine la legalidad de la plantación. El Ayuntamiento de Rasquera, que argumentó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la legalidad del cultivo y la cesión de suelo, tiene ahora 15 días par recurrir la decisión del juez.

Intervención policial
Tras conocerse el proyecto de la plantación, la situación no hizo más que complicarse para Rasquera y la Abcda. El 22 de marzo, la asociación cannábica fue objeto de una intervención policial tras la que volvió a abrir sus puertas con normalidad. Por su parte, Rasquera fue asolada por uno de los incendios más graves de los últimos años.