El Supremo obliga a la Junta a entregar las actas que negó a la juez de los ERE

Sevilla-La juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, podrá acceder finalmente a las 480 actas de los consejos de Gobierno de la última década pese a la negativa del Ejecutivo andaluz.
El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo, presidido por el máximo responsable del Alto Tribunal, Carlos Dívar, acordó ayer por unanimidad, en sintonía con lo que ya había señalado la Audiencia provincial sevillana, que «las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado en cuanto al contenido que le es propio y que se contempla en el artículo 30.3 de la Ley 6/2006». Precisamente esta última ley, la de 2006 del Gobierno de la Comunidad Autónoma, es en la que se ha apoyado la Junta desde el principo para apelar al carácter reservado de esta materia, que en su artículo 31 señala: «Las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como de las opiniones o votos emitidos en él, tendrán carácter secreto».
La sentencia, de la que es ponente Octavio Juan Herrero, supone un nuevo varapalo a la Junta, rechaza la mayoría de sus alegaciones, da la razón a Mercedes Alaya y declara la improcedencia del «requerimiento de inhibición» planteado por el Gobierno andaluz. No obstante, el Supremo deja abierta la puerta a que el Ejecutivo autonómico de nuevo use el parapeto del carácter secreto de parte de las actas. La coda final de la sentencia es la más polémica. Sentará jurisprudencia y traerá cola. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción señala que «las dependencias públicas no podrán negarse a expedir las certificaciones y testimonios que sean solicitados por los tribunales, excepto cuando se trate de documentación legalmente declarada o clasificada como de carácter reservado o secreto, en cuyo caso se dirigirá al tribunal exposición razonada sobre dicho carácter». «Si tal caso se diese, el Consejo de Gobierno, tras una identificación del acta correspondiente, tendría la posibilidad de dirigir al juzgado dicha exposición razonada denegatoria, pero ello sólo puede afectar a ese concreto y efectivo contenido reservado del acta, no al resto de la misma, que no pierde su carácter público».
Se desprenden tres conclusiones. La primera, que la Junta puede guardarse en la manga el as de la confidencialidad, lo que a buen seguro derivará en futuros contenciosos entre la juez Alaya y el Gobierno andaluz, aunque ahora ya tendrán que resolverse «por vía de recursos judiciales» y no intermediará el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. La segunda, que si las deliberaciones, opiniones o votos emitidos en el Consejo de Gobierno trascienden al contenido propio de las actas, como desliza la sentencia, la Junta puede negarse a entregarlos al juzgado previa argumentación legal. Por tanto, en tercer lugar, a lo que accederá la juez es principalmente al contenido más administrativo del acta y menos político: tiempo y lugar de la celebración, relación de asistentes, acuerdos adoptados e informes presentados.
Sólo así se entiende que la Junta se mostrara «parcialmente satisfecha» por la sentencia. La consejera de Presidencia, Mar Moreno, convocó a los medios varias horas después del fallo para asegurar que el Gobierno andaluz lo «acata», pero que «los fundamentos jurídicos de la sentencia aclaran y dan la razón a muchas preocupaciones de la Junta y fijan muy bien las coordenadas de cualquier petición judicial», informa Ep. De tal modo que un Gobierno puede «denegar de forma motivada el contenido impropio de las actas o cualquier acuerdo reservado». «El Supremo está reconociendo límites a la petición de los tribunales».
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, pidió a Griñán que entregue «de inmediato» a la Justicia las actas y ponga fin al «obstruccionismo permanente» de la Junta. «Aunque le pese mucho a Griñán se sabrá la verdad y con la verdad llegará su dimisión».

Claves
1. En línea con la AudienciaLa sentencia del Tribunal Supremo avala la tesis que ya hizo pública la Audiencia provincial de Sevilla sobre el carácter público de las actas.
2. En contra de la FiscalíaLa Fiscalía, sin embargo, vio desproporcionada la petición de la juez Alaya.
3. Vaivén documentalLas 480 actas de los consejos de Gobierno estuvieron custodiadas en un armario acorazado del Juzgado hasta que la Audiencia provincial ordenó que estos documentos volvieran a San Telmo.

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