El Gobierno pide a Estrasburgo revisar la condena a España en el «caso Otegi»

El pasado 15 de marzo, el TEDH condenó a España por haber impuesto a Otegi una pena "desproporcionada"-un año de cárcel por un delito de injurias graves al rey, al que llamó en 2003 "responsable de los torturadores"- y fijó una indemnización de 23.000 euros para el dirigente abertzale.

Según la sentencia, "una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en el terreno del discurso político no es compatible con la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, los servicios jurídicos del Estado piden ahora que el caso sea elevado a la llamada Gran Sala del TEDH, para que ésta examine tres cuestiones "que afectan a la interpretación del Convenio"y son "de general importancia".

La primera de esas cuestiones versa sobre "las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión por parte de un cargo electo, en relación con la reputación de otros"y la segunda acerca de "los deberes y las responsabilidades de los políticos cuando ejercen tal libertad en un contexto de violencia".

La Abogacía también pide a Estrasburgo que se pronuncie sobre "la protección de las instituciones del Estado, como el jefe del Estado, de las difamaciones".

En este sentido, el escrito de los servicios jurídicos del Estado recuerda que el rey no puede intervenir en el debate político ni defender su reputación institucional en los tribunales.

Así, la protección de que goza su figura en la ley española "no tiene como objetivo dotarle de privilegios o de una mayor protección, sino preservar su neutralidad política y su papel institucional".

También dice que la sentencia ahora recurrida no hacía referencia a la responsabilidad de los políticos en un contexto de violencia cuando, en 2003, "ser llamado responsable de los torturadores en el País Vasco no era una cuestión que solo concerniera al debate político".

"En particular, cuando esa acusación viene del líder de una organización que algunos meses después fue declarada ilegal por sus vínculos con el terrorismo", dice el abogado del Estado, que añade que "debe recordarse que el rey de España ha sido objetivo de los terroristas".