ERE

El consejero de Justicia insiste en criticar las decisiones de Alaya

La Razón
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Sevilla- El nuevo consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, insistió ayer en que «como jurista» no comparte algunas de las decisiones que ha adoptado la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de las supuestas irregularidades detectadas en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados con cargo al Presupuesto de la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010.
Llera se escuda en que sus opiniones las realiza desde un punto de vista profesional, obviando su nueva responsabilidad como miembro del Gobierno andaluz. Tras reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, indicó que respeta «por supuesto» todas las decisiones judiciales que se puedan tomar, pero precisó que «como jurista» no comparte algunas de las de Alaya, como en otras ocasiones le ha pasado con otros compañeros.
La opinión del consejero de Justicia e Interior es repetida en el seno del Gobierno andaluz desde que la instructora de la «trama de los ERE» decidió enviar a prisión al ex consejero de Empleo Antonio Fernández.
La medida no fue apoyada por la representación legal de la Junta de Andalucía, personada en la causa como acusación. Junto al sindicato UGT, fueron los únicos que no secundaron la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que sí pidió prisión preventiva para Fernández.
En ese auto, la magistrada apuntó directamente a la cúpula del Gobierno andaluz por permitir la creación de un «sistema operativo» que escapaba de la fiscalización de la Intervención General y posibilitó durante una década el reparto de ayudas y subvenciones a empresas de manera discrecional, la mayoría a personas y sociedades próximas al PSOE y a la Junta de Andalucía.
De Llera consideró que la «grandeza» del Derecho es que aplica la «lógica y la precisión» y, por tanto, no siempre llega a las mismas conclusiones. «Para unificar doctrina ya está el Supremo o el Constitucional», argumentó el consejero.