No a la subida de impuestos

La principal y urgente tarea del Gobierno debería consistir en restablecer la confianza de los agentes económicos y de los mercados, estableciendo una política económica predecible y ortodoxa, lo que obliga a acometer políticas orientadas a garantizar la estabilidad macroeconómica, coordinadas con medidas que potencien la eficiencia microeconómica. Las primeras implican sanear las Cuentas Públicas y las segundas requieren reformas estructurales que eleven el potencial de crecimiento de nuestra economía. En cuanto a la estabilidad macroeconómica, parece que el ajuste ya ha comenzado con la reducción importante del déficit del Estado durante el primer semestre del año, si lo comparamos con el semestre «horribilis» –derrumbe del PIB y fuerte elevación del déficit–. Además, la economía se ha comportado mejor impulsada por una cierta recuperación mundial que ha incrementado nuestras exportaciones y por la recuperación del consumo ante la subida del IVA; lógicamente los recortes en el gasto también han incidido. La reducción de un 5% de media de los salarios públicos, la suspensión del régimen transitorio de jubilación parcial, la eliminación del «cheque bebé», la supresión de la retroactividad en las prestaciones por dependencia y el recorte del gasto farmacéutico persiguen el objetivo de reducir el déficit público para poder cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que fija el déficit en el 3% del PIB para el año 2013, si bien el esfuerzo en la contención del gasto corriente debe ser muy superior.

Existe un fuerte consenso en que los ajustes más eficaces son los que se enfocan desde el lado del gasto público corriente, estando normalmente condenados al fracaso los que descansan en subidas impositivas, especialmente en el ámbito de la imposición directa. Por ello, el saneamiento de las finanzas públicas debería comenzar fijando los límites al crecimiento del gasto y de las posibilidades de endeudamiento tanto del Estado como de las Administraciones Territoriales. El gasto social no puede ser intocable, entre otras razones porque explica la llamada deuda implícita y el envejecimiento demográfico añade tensiones para el futuro, por lo que se debería reforzar la relación entre lo aportado y lo percibido retrasando la edad de jubilación y aumentando el número de años de cálculo. Del mismo modo, la prestación por desempleo debería modularse para reforzar los incentivos a la búsqueda de empleo y evitar los casos de fraude.

En materia de consolidación presupuestaria, no hay nada peor, en una situación de crisis, que subir los impuestos. Es la fórmula más segura para retardar y reducir las escasas posibilidades de recuperación económica endógena. A este respecto, el BCE ha cuantificado que los multiplicadores de recuperación económica son más elevados para las bajadas de los impuestos que para los aumentos del gasto, por eso el presidente Obama recortará la fiscalidad a las clases medias. Una reducción del déficit basada en subidas de impuestos, sí tendría un sustancial coste sobre la recuperación, pues reduciría nuestro potencial sin apuntalar la consolidación en la medida en que se dejarían intactas las espitas de gasto que explican el deterioro de nuestras finanzas. De hecho, se ha planteado la posibilidad de aumentar la presión fiscal a partir de la mal llamada «tributación de los ricos», a través del gravamen progresivo de las rentas de capital, del ataque a las SICAV o de la resurrección del derogado Impuesto sobre el Patrimonio, lo que no es más que una fórmula demagógica y populista de denominar a la imposición del capital. En un contexto de incertidumbres, incorporar gravosas y desorbitadas medidas de castigo tributario al capital desataría una imparable desbandada del mismo. Nuestra economía está especialmente afectada por la insuficiencia de ahorro, que es lo que explica, a su vez, tanto nuestros excesivos endeudamiento y déficit corriente como el hecho de que ambos se tengan que financiar con deuda frente al exterior, con el consiguiente aumento de nuestra vulnerabilidad. Sobrecargar fiscalmente al ahorro es irresponsable, pues nuestra capacidad de crecimiento y de creación de empleo en el futuro está condicionada por las posibilidades de inversión, cuyo coste de capital y disponibilidad siguen estando vinculados a nuestros insuficientes niveles de ahorro.

Si implementáramos la consolidación fiscal a través de la reducción del gasto, no sólo se facilitaría el crecimiento en el largo plazo sino también en el corto, a través de la reducción de la intervención pública sobre la estructura de costes e incentivos cuyos efectos se anticipan en el tiempo a través de las reacciones de los agentes económicos. A pesar de que ya ha comenzado tímidamente el proceso de consolidación, éste no debería ser más que un ingrediente adicional de lo que conformaría un plan de actuación global, con medidas que acompañasen a las actuaciones en vigor que contribuyeran a cambiar la imagen de improvisación permanente.