La SGAE se topa con la Ley

Pocas horas después de que la Sociedad General de Autores (SGAE) hubiera celebrado elecciones a su junta directiva, ganadas muy holgadamente por el mismo equipo que gobierna la institución desde hace años, la Guardia Civil detuvo ayer a su presidente, Teddy Bautista, y a otras ocho personas tras realizar a lo largo de todo el día un minucioso registro de la sede central y de 17 domicilios siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional. Las detenciones están relacionadas con un presunto delito de apropiación indebida denunciado hace un año por varias asociaciones de internet e informática. Según los indicios, una trama interna habría desviado cientos de miles de euros de la SGAE a empresas particulares, delito del que supuestamente tendrían conocimiento varios altos cargos, entre ellos el polémico presidente del consejo de dirección. Como es natural, al señor Bautista y a los demás directivos que pudieran estar implicados en este oscuro asunto les asiste la presunción de inocencia y ello debemos atenernos. Sin embargo, no se puede decir que la SGAE, una institución necesaria y centenaria que cuenta con más de cien mil socios y gestiona más de 350 millones de euros al año, salga indemne de este lamentable episodio. Su prestigio y su credibilidad, ya muy mermados en los últimos años a los ojos de los ciudadanos, han sufrido un golpe tan contundente que la jornada de ayer marcará un punto de inflexión en la gestora. Hasta ahora, por torpeza y por una voracidad recaudatoria que no respetaba ni a las víctimas del terrorismo, la SGAE del señor Bautista se había forjado la imagen caricaturesca de una sociedad dedicada a emboscarse en las fiestas populares y hasta en las celebraciones familiares con el propósito de dar el sablazo al incauto de turno. La percepción más extendida es que, de la mano de sus sempiternos directivos, la SGAE se ha extralimitado en sus funciones, ha abusado de los mecanismos judiciales, ha amedrentado a sus críticos y hasta ha incurrido en apuestas políticas e ideológicas impropias, amén de embarcarse en operaciones inmobiliarias más que discutibles. No es de extrañar, por todo ello, que diferentes colectivos celebraran ayer, a las puertas de la sede central, la intervención policial. Si los indicios delictivos se confirman, sería impensable que el Gobierno siguiera de brazos cruzados y no impulsara las medidas legales para garantizar la transparencia, pluralidad y limpieza de las gestoras de los derechos de autor, que son tan sagrados e inviolables como cualquier derecho intelectual y comercial. Los artistas, creadores, autores y ejecutantes tienen derecho a recoger los frutos de su esfuerzo y talento, y a que las leyes les protejan frente a la piratería y el fraude. También necesitan de instituciones que gestionen eficazmente sus derechos y defiendan limpiamente sus intereses. Todas las sociedades libres y democráticas ponen especial cuidado en regular este sector porque de ello depende su vitalidad creadora y una parte importante del PIB nacional. Mucho tendrá que trabajar la SGAE para recuperar la honorabilidad y para ganarse el respeto de la sociedad y de todos los creadores.