El TSJA abre juicio oral contra el juez Serrano y le pide 7200 euros de fianza

Para ello, el magistrado decidió modificar el turno de custodia, establecido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, del pequeño de 11 años en un día y medio más.
Por dar luz verde a disfrutar de esas poco más de 36 horas de permanencia extra con su padre, el magistrado sevillano se tendrá que enfrentar a la celebración de un juicio oral por prevaricación, según consta en un auto emitido por el TSJA. Tribunal que además le impone una fianza de 7.200 euros «para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias y costas a que en su día pudiera condenársele». Por su parte, el abogado de Serrano lamentó, tras conocer la decisión del Alto tribunal, la «estigmatización» pública de su defendido y los daños que acarreará este auto al juzgado de Familia del que es titular.
El magistrado Miguel Pasquau Liaño, instructor de la causa, entiende que el proceso debe seguir adelante pese a que la Audiencia Provincial de Sevilla desestimara el recurso interpuesto por la Fiscalía y el abogado de la madre contra la resolución de Serrano. Considera en este sentido que «la relevancia de dicha decisión es innegable al estar investigándose un delito de prevaricación, pero no puede ser la de vinculación procesal que pretende la defensa». Pese a reconocer el TSJA que existe una contradicción, el auto afirma que «el ordenamiento jurídico y el sistema judicial admite estas eventuales contradicciones». Respecto así fue acertada o no la decisión de Serrano de alterar lo dispuesto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, el instructor mantiene que sólo sería posible si «primero, fuera cierta la premisa de que existía una situación de peligro o perjuicio inminente para el menor, y segundo, si hubiera alguna razón que impidiese que el mismo juzgado que estableció la medida que quiere puntualmente alterarse pudiera conocer a tiempo del asunto». Interpreta que según los hechos ocurridos en la mañana del 30 de marzo «no existía absolutamente ningún inconveniente» para que la solicitud de la medida fuera formulada en dicho juzgado.
Sin embargo, en el auto judicial sí se especifica que el único «impedimento» para plantear la cuestión era que según la declaración del testigo Joaquín Moeckel, se pulsó previamente y de modo verbal la opinión del titular del juzgado, quien según dicho testigo, manifestó también de manera verbal que «nada más podía hacer que lo que ya había hecho en la resolución dictada en el procedimiento de divorcio». Ante esta situación, mantiene que «la dirección jurídica del padre y abuelo del menor propuso plantear la cuestión directamente en el juzgado servido por el querellado (juez Serrano), a quien consideraban más receptivo» a sus intereses.

«Acoso y derribo» para apartar a un magistrado «crítico y molesto»
El auto del TSJA concreta, según fuentes cercanas al caso, una campaña de «acoso y derribo». Mantienen que de lo que se trata es de apartar a un magistrado «crítico y molesto» con una Ley, la de Violencia de Género, «que mueve muchos miles de millones de euros al año» y que cuenta con una estructura de organismos oficiales «en los que trabaja mucha gente». Hay que recordar que Serrano, para el que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación y una multa de 5.440 euros, pena que la madre del menor eleva a 20 años, advirtió de que el Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realiza sus estadísticas «sólo con sentencias» y sin analizar las resoluciones de sobreseimiento y los archivos de las denuncias presentadas.