Sócrates envenena el mercado

La semana que comiezan se presenta como decisiva para que se desbloquee la accidentada venta a Telefónica de Vivo, una de las principales empresas de telefonía móvil de Brasil, con más de 50 millones de clientes. El Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse este jueves sobre el insólito veto impuesto a la operación por el Gobierno de Portugal, que preside el socialista José Sócrates, al utilizar la obsoleta e ilegal «acción de oro» en contra de la decisión que adoptó el 73,9% del accionariado. La operación de compraventa fue planteada hace varias semanas por la compañía española a Portugal Telecom (PT), copropietaria al 50% de Vivo. Desde entonces, ambas empresas han mantenido un tira y afloja por la valoración y Telefónica fue subiendo su oferta desde los 5.700 millones iniciales hasta los 7.150 que puso encima de la mesa horas antes de que la junta general de accionistas de PT se reuniera para votar la operación. Todo se desarrollaba dentro de los habituales cauces legales y mercantiles, como corresponde a dos grandes compañías, y se habría culminado una compraventa muy beneficiosa para ambas partes si no se hubiera entrometido inesperadamente el Gobierno portugués. Por motivos que todavía no ha explicado de modo convincente, pues se ha escudado en la manoseada excusa de «los intereses nacionales», el primer ministro Sócrates decidió oponerse a la voluntad mayoritaria de los accionistas de PT y emplear la llamada «acción de oro», un mecanismo de veto que la UE ha declarado ilegal, pero que subsiste de manera residual aunque ya nadie la utilice. El revuelo causado por esta invasión gubernamental llegó hasta el corazón de Bruselas e incluso los medios de comunicación lusos la calificaron de «extorsión» y de «indecencia propia de un país subdesarrollado». Si los mecanismos comunitarios responden como es debido y estiman los recursos interpuestos por Telefónica, la compraventa de Vivo llegará a buen puerto, por más que el Gobierno intervencionista de Sócrates se empeñe en ponerle puertas al campo o en romper la baraja con la que se juega en Europa. Pero este lamentable episodio ha puesto de relieve que la unidad de mercado en la UE tropieza demasiado a menudo con la arbitrariedad y prepotencia de ciertos gobernantes, que suelen utilizar a compañías connacionales para sus estrategias políticas, casi siempre contrarias al libre mercado. Además, el veto de Sócrates envenena las relaciones con España al establecer un precedente del que nada bueno se puede derivar para ambas naciones. Hasta ahora, el Gobierno de Zapatero ha mantenido una prudente distancia, sintetizada en una declaración del ministro de Industria de que se trataba de «una decisión soberana» de Portugal. Sería deseable que, aun contando con que el Tribunal de Luxemburgo dé la razón a Telefónica, Sócrates recondujera la situación creada y devolviera las aguas del libre comercio a su cauce antes de que los daños sean irreversibles. En la Europa comunitaria no hay impunidad para quienes rompen las reglas del juego y Portugal no está, precisamente, en la mejor de las posiciones para tales audacias irresponsables.