El PSOE veta en el Congreso las comparecencias de Blanco Salgado y Chacón

En concreto, la Cámara Baja tenía sobre la mesa tres peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno. Por un lado, IU y el BNG quieren que la vicepresidenta Elena Salgado informe de las indemnizaciones millonarias a directivos de cajas de ahorro y que la ministra de Defensa, Carmen Chacón, explique la participación española en el escudo antimisiles de la OTAN. Por su parte, el PP exige que el Portavoz y titular de Fomento, Jose Blanco, aclare la acusación de receptación de dinero que contra él ha lanzado un empresario investigado por sobornos.

Había una cuarta petición de comparecencia, registrada por el PNV y referida al presidente de turno de RTVE, pero en este punto hubo unanimidad entre PSOE y PP para rechazarla por no cumplir los requisitos formales (requería la firma de un segundo grupo parlamentario).

En la reunión, que duró casi una hora, el PSOE ha tenido que ejercer la mayoría con la que cuenta en la Mesa de la Diputación Permanente --tres votos frente a dos del PP-- para rechazar la admisión de las solicitudes de comparecencia de ministros.

El argumento esgrimido es el mismo que en las ocasiones precedentes, aunque ahora se hayan cambiado los rostros y las siglas: La Diputación Permanente, que es el único órgano que permanece vivo en este periodo de Cortes disueltas, no tiene capacidad legal para asumir la labor de control parlamentario; sólo se le reconoce funciones de aprobación de decretos ley o de declaraciones de estado de sitio o alarma.

De hecho, no hay precedentes recientes de comparecencias del Gobierno ante la Diputación Permanente del Congreso en periodos de disolución. La única excepción se remonta a octubre de 1982, hace casi treinta años, cuando el entonces ministro de Defensa (Alberto Oliart, ex presidente de RTVE) acudió a la Cámara 'motu proprio' para informar de la intentona golpista en la Operación Galaxia.

Se trata del mismo argumento que se utilizó a principios de 2004, aunque entonces los dos grandes partidos intercambiaron los papeles. En aquella ocasión el PP, ahora peticionario de una de las comparecencias, vetó las peticiones del PSOE y de otros grupos de la oposición para que el entonces presidente José María Aznar informase antes de las elecciones del 14 de marzo de los motivos de la guerra de Irak y la inexistencia de armas de destrucción masiva.

Es una iniciativa "extemporánea, inconstitucional y antirreglamentaria", argumentaba el entonces portavoz del Grupo Popular, Luis De Grandes. La Diputación Permanente tiene "tasados"sus cometidos, apostillaba Eduardo Zaplana, en ese momento ministro Portavoz, quien recordaba que desde 1982 hubo acontecimientos posteriores de "gran trascendencia", entre los que citó la existencia de los GAL, que nunca llegaron a provocar la reunión de la Diputación Permanente.

El PSOE, que ahora veta las comparecencias, defendía en 2004 la legalidad del control parlamentario al Gobierno con las Cortes disueltas. Su entonces portavoz en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido, defendía que la Carta Magna, en su artículo 78 (puntos dos y tres), determina que la Diputación Permanente está para velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no están reunidas, y que en caso de disolución "seguirán ejerciendo sus funciones"hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales, precisamente el mismo argumento que ahora esgrime el PP para citar a Blanco.

Aquel caso de 2004 acabó en el Tribunal Constitucional, pues el PSOE recurrió en amparo la negativa de la Diputación Permanente a admitir la petición de comparecencia de Aznar. Pero el Alto Tribunal no llegó a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión porque, en su sentencia de 2009, inadmitió la impugnación de los socialistas por no llevar las firmas de recurrentes necesarias.

Lo que sí quedó reflejada en la sentencia fue la posición que mantuvo la Fiscalía General del Estado, ya con un Gobierno socialista, contraria al recurso del PSOE y avalando el criterio de que no cabe control parlamentario con las Cortes disueltas.

"El Ministerio Fiscal considera, en síntesis, que la comparecencia solicitada no está prevista expresamente en las reglas que ordenan el funcionamiento de la Diputación Permanente, no puede justificarse en los precedentes de la Cámara Baja y, además, tampoco resultaba constitucionalmente obligada a la luz de las reiteradas comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno para informar sobre la crisis de Irak"recoge la sentencia.

Tras la reunión de este lunes, los representantes del PP no han aclarado si recurrirán este asunto ante el Tribunal Constitucional para que vuelva a estudiarlo y adopte una posición definitiva que evite nuevas discrepancias en el futuro.