Abogados y jueces se concentran en Madrid contra las tasas judiciales

En la concentración han participado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol.

La protesta ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer "Los abogados en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales"y otros carteles con lemas como "No a los recortes en justicia"y "Tasas No. Justicia Social. Asociación Libre de Abogados".

Los asistentes han coreado consignas en contra de las tasas, en favor de la huelga general y pidiendo la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Durante el acto, Carnicer ha pedido "que pare esta locura"y "que paren las improvisaciones de un Gobierno que en este momento está sustentado exclusivamente por su partido", antes de subrayar: "No a las tasas. Justicia para todos".

El presidente del CGAE ha indicado que si se aprueba el proyecto de ley de tasas judiciales, la abogacía pedirá a los jueces que se planteen cuestiones de inconstitucionalidad contra la norma e interpondrá recursos de amparo cuando se pretenda cercenar el derecho fundamental de acceso a la justicia consagrado en la Carta Magna.

En su opinión, las tasas judiciales son "absolutamente desorbitadas"y, a pesar de las correcciones realizadas al proyecto de ley, quedan "infinidad de cuestiones insalvables", como el coste de 19.500 euros en tasas para llevar hasta el Tribunal Supremo una reclamación por una afección de la columna vertebral como consecuencia de un accidente de automóvil.

"La inmensa mayoría de los españoles no puede pagar las tasas judiciales", ha asegurado Carnicer, quien ha recalcado que el proyecto de ley de tasas que está en tramitación en estos momentos es "una verdadera barbaridad".

Por su parte, el juez decano de Madrid ha calificado de "denigrante"el proyecto de ley de tasas, que ha considerado "un atentado claro al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

González Armengol ha reclamado unas tasas judiciales por importes mínimos de cinco o diez euros hasta un máximo de cincuenta euros para acudir al Tribunal Supremo, haciendo exclusiones en los ámbitos penal y laboral, teniendo en cuenta la precariedad del mercado laboral.

"La imposición de tasas lo único que hace es perjudicar al ciudadano", ha manifestado el juez decano, quien ha estimado que este proyecto va unido a "una deriva completamente enloquecida que lleva el Ministerio de Justicia, en la que está cercenando derechos fundamentales de los ciudadanos".

González Armengol ha considerado que "no se puede cargar sobre las espaldas de los ciudadanos la cobertura del déficit presupuestario del Ministerio de Justicia", que, después del Departamento de Hacienda, es el que más ingresos propicia a las arcas públicas, por un importe de 280 millones de euros anuales, por la gestión de los recursos que genera la Administración de Justicia.

La Abogacía española ha convocado concentraciones en toda España para levantar la voz contra la tramitación del proyecto de ley de tasas en el Senado, ya que "todo el mundo del derecho está en contra de esta norma", según Carnicer.