Carmen Crespo / Delegada del Gobierno en Andalucía: «El caso Marta del Castillo no ha terminado no es algo definitivo»

Sevilla- La ex alcaldesa de Adra Carmen Crespo ocupa el cargo de delegada del Gobierno desde hace apenas mes y medio. Afronta la etapa más deprimida de Andalucía en el último cuarto de siglo. La crispación social, el desencanto económico, el enfrentamiento electoral con la Junta o la imagen pública de los mandos policiales tras haber sido puesta en cuestión tras el caso Marta del Castillo son parte de su agenda.

–El Gobierno ha cambiado el temario en las oposiciones de enseñanza, convocadas por la Junta de Andalucía contra el criterio del Ministerio de Educación para junio de este año ¿Podría explicarle a los opositores por qué se ha cambiado cuando ya habían comenzado a estudiar?
–Los opositores son los que menos culpa tienen y, encima, pagan los platos rotos. Pero es obligado señalar que el Gobierno de Zapatero fue desleal al aprobar el cambio en el temario vigente desde 1993, ¡a una semana de la convocatoria electoral! El Gobierno de Rajoy ha hecho una limitación de plazas obligado por las circunstancias de nuestro país. Y estamos demostrando una sensibilidad social muy especial ante una provocación que tiene tintes electorales. El Ejecutivo está pensando muy bien si frenar o no la convocatoria, porque, como saben, se aprobó una ley estatal que evita que se saquen plazas en todos los organismos públicos, aunque siendo sensatos ante cuestiones sustanciales como la sanidad, la educación o la seguridad. No hay una necesidad imperiosa de coartar la convocatoria en Andalucía; es una recomendación, no una prohibición, pero la idea es pensar muy bien cómo afrontaremos estas diferencias para salvaguardar el interés público.

–Muchos ayuntamientos tienen problemas para pagar nóminas y suministros esenciales. ¿Cómo se puede evitar un posible estallido social, más preocupante en el ámbito local?
–Hay un problema de financiación municipal que afecta, con carácter general y algunas excepciones, a la mayoría de los ayuntamientos de Andalucía. Se ha caído la recaudación. Por ejemplo, los ingresos derivados del CIO, el impuesto de las construcciones, no es que se hayan moderado, es que hay que pagar licencias que ahora no se llevarán a cabo o, directamente, se anularán. Montoro ya ha avanzado algunas posibilidades financieras que se irán concretando. En cuanto a localidades o sectores donde se palpa el descontento nos preocupa y tratamos de atender los casos de Jerez, Valverde, astilleros o la zona afectada por el Plan Míner, el alto Guadiato en Córdoba.

–El sector de las renovables, que despuntaba en nuestra comunidad, ha visto anuladas las primas que concedía el Gobierno central. Este cambio ha provocado un nuevo enfrentamiento entre Junta y Gobierno.
–No soy una experta, pero estábamos generando una energía subvencionada que no se consumía. El Ministerio de Industria ya ha mantenido una reunión con representantes del sector, trasladándole que se va a estudiar un nuevo enfoque para procurar la eficiencia y la rentabilidad. Creemos en el sector y lo vamos a apoyar, como ya ha avanzado el secretario de Estado de Energía.

–La familia materna de los niños Ruth y José convocó una manifestación para recordar los 4 meses de su desaparición. ¿Qué puede avanzar de las investigaciones?
–Este caso o el de Marta del Castillo resultan desgarradores. En materia de seguridad tengo mucho que aprender, pero sé que la Policía está haciendo un trabajo eficaz y serio. El compromiso del Gobierno, después de que tuviera una reunión con el director de la Policía, Ignacio Cosidó, es garantizar las posibilidades económicas para continuar la búsqueda y desarrollar la investigación. Tenemos la garantía de que la investigación avanza por el lado correcto.

–¿Qué cree que ha fallado en el caso Marta del Castillo, la investigación, la instrucción o la argumentación del fallo?
–No puedo hacer un análisis tan pormenorizado y me equivocaría si lo intentara. Creo que garantizando el derecho a la información, hay que procurar las condiciones para el desarrollo de la investigación y que ésta no esté condicionada por, y no me gusta la expresión, el circo mediático. Sobre una nueva búsqueda la palabra la tienen el juez y el fiscal, que ha de expresar su postura. Lo que sí le digo es que las cosas se van a hacer y hay que respetar a los profesionales que hacen los informes. Que la familia vea que se están haciendo bien las cosas, informándola y contando con ella en lo que va ocurriendo. Esto no ha terminado, que no se vea como algo definitivo.

–Cuando los partidos llegan al poder cambian las cúpulas de los distintos ministerios. También en las policiales. Y la clase política no atiende a cuestiones de eficacia, sino de confianza. Hay un caso paradójico, el de Pere Navarro, el director más valorado de la DGT, que , sin embargo, ha sido relevado con el PP.
–Voy a hacer de abogada del diablo. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996 tuvo problemas por los «no cambios», se encontró con dificultades y trabas, que luego constató la opinión pública y la prensa. Esto fue así y está claro. Cuando llegó el PSOE en 2004, todos los altos cargos cesaron inmediatamente, fulminantemente. Nosotros hemos cambiado lo que ha sido estudiado para mejorar, para dar eficacia. Hemos utilizado criterio y lógica.

–¿Cree que ha habido linchamiento a Garzón?
–La justicia la tenemos que respetar todos. Garzón ha sido una persona muy valorada y eficaz pero muchas veces se ha tirado sin paracaídas. Todo el mundo tiene que estar bajo el paraguas de la ley, sea juez, político o periodista, y eso es lo que le puedo decir.

–El presidente del Gobierno ha solemnizado en las Cortes generales que el año 2012 va a ser muy duro. Con más gente en el paro, ¿cómo harán ustedes para mantener la esperanza o al menos la calma entre la población?
–En poco más de un mes se han celebrado cinco consejos de ministros y un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las reformas son absolutamente necesarias para avanzar: la laboral, la financiera y la judicial. La esperanza está en que fructifiquen las medidas que ya estamos tomando.

–¿El Gobierno condiciona las medidas que tiene que tomar a las expectativas electorales del PP en Andalucía ante las elecciones del próximo 25 de marzo?
–Como dijo el ministro de Defensa en Cádiz, la política de defensa nacional no se hace a base de elecciones. Esta sentencia vale para toda nuestra acción política. Estamos pensando en el bienestar de la gente, no en las expectativas electorales.