Luz verde a la unificación de los organismos reguladores

MADRID- El Consejo de Ministros aprobará por fin hoy, para su remisión al Congreso de los Diputados, el proyecto de unificación de los ocho organismos reguladores. Según cálculos de Moncloa, esta medida permitirá el ahorro de unos cuatro millones de euros en sueldos y retribuciones de consejeros.

El proyecto de ley de reforma de los organismos supervisores crea la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, que agrupa las funciones de supervisión de todos los organismos independientes que existían hasta ahora. El PSOE y los nacionalistas han hecho causa común contra este «macrosupervisor», llegando incluso a elaborar un documento conjunto con la legislación europea que ampara la existencia de un organismo regulador de las telecomunicaciones que sea independiente.

 No obstante, el Gobierno no se ha desviado de su camino ni siquiera por la amenaza de una posible intervención de Bruselas y hoy dará luz verde a su proyecto de concentración de los reguladores. Sostiene que sirve para evitar duplicidades, para dar más transparencia y para generar un importante ahorro de costes. Con esos objetivos se agruparán las funciones de la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la Comisión Nacional de Competencia. Esta simplificación reducirá el número de consejeros de 52 a 9.
El Gobierno alega a favor de su proyecto que servirá para atraer más inversiones y que al mismo tiempo mejorará la calidad supervisora y la profesionalidad.

Esta nueva reforma entra dentro del paquete de medidas que el Gobierno ha incluido en su agenda legislativa para esta recta final de año. Hoy, tras el Consejo de Ministros, presentará una especie de «libro» de «deberes», de reformas y ajustes del gasto público que también hará llegar a las autoridades de Bruselas.

Unas declaraciones del ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos, tras la última reunión del Eurogrupo, han alimentado grandes expectativas sobre el contenido de este nuevo paquete de reformas que se trasladará a la Unión Europea. Pero parece que las expectativas hay que rebajarlas debido a que, según adelantaban anoche fuentes oficiales, en el documento hay pocas novedades sobre lo ya anticipado por el Gobierno. Se trata más bien de pasar a limpio lo que han hecho y todo lo que tienen previsto hacer en los próximos meses, con la vista puesta, por supuesto, en la posible necesidad de recurrir a la ayuda articulada por el Banco Central Europeo (BCE) en apoyo de la deuda soberana.

El documento del Gobierno incluye la reforma de la Administración Local para eliminar duplicidades; las medidas para avanzar hacia la unidad de mercado y reforzar la seguridad jurídica (ley de unidad de mercado o ley de medidas para garantizar el funcionamiento de la cadena alimentaria); y el paquete de actuaciones en materia de liberalizaciones, flexibilización y competencia (horarios comerciales, servicios profesionales, sector del transporte terrestre, servicio de transporte ferroviario o alquiler de viviendas). También incorpora la regulación del factor de sostenibilidad y la reforma de las jubilaciones anticipadas y de las prejubilaciones, como anticipó este diario el pasado lunes. No se elimina la opción de la jubilación anticipada, pero sí se limitará el margen para dejar de trabajar alrededor de los 60 años, según confirmó ayer el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sede del «Wall Street Journal».

El Gobierno aspira a convencer a la UE de que su Plan Nacional de Reformas tendrá un efecto muy positivo sobre la consolidación fiscal. La piedra angular sigue siendo el cumplimiento de los objetivos de déficit y para ello el Plan recoge la citada liberalización de algunos sectores, más esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y modificaciones en el Impuesto de Sociedades. Hay también una nueva autoridad fiscal encargada de velar por el cumplimiento de la Ley de Estabilidad y controlar el cumplimiento de los Presupuestos por parte de todas las Administraciones. Y un plan de empleo.