OPINIÓN: Una reforma posible y deseable

La grave crisis económica española está llevando a muchos a dirigir sus miradas hacia las causas específicas de nuestra acusada debilidad. La pésima política económica del gobierno socialista desde los primeros síntomas de la recesión ocupa un lugar central entre estas responsabilidades, sin duda alguna, pero hay otros elementos que también exigen hoy una reflexión serena. El Partido Popular es el más firme defensor del modelo constitucional vigente. Nunca hemos intentado reformarlo por la puerta de atrás, ni lo hemos desbordado por la vía de hecho ni hemos puesto en peligro su viabilidad financiera. Todas esas trampas, riesgos y amenazas han venido siempre del partido socialista. También ahora trabajamos para hacer viable el Estado autonómico. Por eso creemos necesario evaluar con rigor sus virtudes y sus defectos, para corregir los últimos y superarlos cuanto antes. España es hoy, cualquiera que sea el criterio de medición, el país más descentralizado de Europa. Ni tan siquiera en los países federales, como Alemania, el gasto público administrado por las regiones alcanza el nivel de las Comunidades Autónomas. La experiencia internacional nos muestra que la descentralización encierra potencialmente algunos riesgos evidentes: introduce una complejidad mayor en el funcionamiento de los poderes públicos, facilita la expansión del gasto público, pone en riesgo la unidad del mercado interior. Algo de todo eso ha pasado en España durante los últimos años y está entre las causas de la crisis. Debemos reconocerlo y solucionarlo. Debemos buscar una estructura nacional que ofrezca espacio suficiente a las aspiraciones de singularidad sin quiebra de la unidad ni merma de la eficiencia económica. Necesitamos reglas más transparentes, eficaces y justas en el funcionamiento del Estado de las Autonomías. La búsqueda de un sistema más estable y adecuado a nuestras necesidades no debe entenderse como el imposible diseño de un sistema óptimo, cerrado e inmutable, sino como una exigencia ineludible de concretar criterios más claros y racionales de convivencia. Garantizar la austeridad y el equilibrio en las cuentas públicas de todas las Administraciones, eliminar duplicidades y gastos necesarios, son exigencias de sentido común. Hacerlo posible es una responsabilidad de todos.