La oferta para trabajar en La Haya deberá esperar

Madrid- La iniciativa fue del propio presidente del Consejo, Carlos Dívar, quien decidió convocar la Comisión Permanente pocas horas después de finalizar el Pleno. Los vocales de dicha Comisión no pusieron objeción alguna. Al final, en esta materia, tampoco existió discrepancia. La nueva situación de Baltasar Garzón, como juez suspendido cautelarmente, exigía recabar nuevos informes antes de acordar si es procedente otorgarle la concesión de servicios especiales en la oferta de «consultor externo» de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Y, además, informar de ello al Tribunal Supremo para que éste se pronuncie sobre «si dicha petición afecta al curso de las actuaciones que se encuentran en trámite ante la misma Sala», es decir, a las tres querellas que pesan sobre él. Junto a ello, se insta a que la Secretaría General del CGPJ emita un informe relativo a la petición de declaración en servicios especiales de un magistrado que está suspendido cautelarmente. El fiscal general del Estado se deberá pronunciar igualmente sobre esta cuestión.InmunidadAdemás, reclama a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que diga si «confirma o ratifica el ofrecimiento» del contrato realizado a Garzón, y si el mismo «lleva implícito algún género de inmunidad procesal». Por último, se dirige al Ministerio de Asuntos Exteriores para comunicarle el acuerdo del Pleno y pedirle que emita un nuevo informe sobre la idoneidad de Baltasar Garzón para ocupar el cargo que le ha sido ofrecido por el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.

EL DATODía 1 de mayo, inicio del contrato- La oferta de contrato realizada a Garzón por la Corte Penal Internacional, su Fiscalía, tenía como fecha de inicio de la «consultoría externa» el pasado 1 de mayo, según confirmaron al respecto fuentes del Consejo. Es decir, antes de que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados le hubiese podido dar el plácet correspondiente, lo que no deja de ser algo significativo. En cuanto a la remuneración, en el documento remitido al CGPJ por la CPI no figura un salario determinado, sino que el mismo sería acorde a sus funciones.