Mercasevilla detecta dos millones de euros en comisiones «ilegales»

Sevilla- Los nuevos responsables de Mercasevilla siguen empeñados en aclarar cualquier tipo de irregularidad cometida por los anteriores gestores. Ayer, el presidente de la empresa, Gregorio Serrano, presentó un escrito en el juzgado de Instrucción número seis en el que pide a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, que investigue los casi dos millones de euros en comisiones de «dudosa licitud» detectados en el ERE de 2007.

En concreto, la cifra asciende a 1.904.982 euros y se incluye en el apartado de «gastos externos», sin que conste en ningún lugar «el devengo de esas cantidades ni sus perceptores». Por ello, insta a la magistrada a incluir esta cantidad en la investigación del proceso penal, puesto que «no es legítimo abonar esas cifras». Además, dicha cantidad «se debe tener en cuenta para medir el importe de la deuda legítima por primas que debieran haberse pagado».

La dirección de la empresa ha cotejado la información con las cuentas de la compañía aseguradora, Generali, que arrojan una cantidad muy parecida: 1.846.240 euros bajo el epígrafe de «comisión». «Es evidente que ello refuerza el criterio de que deben investigarse la finalidad real y beneficiarios de dicha cantidad», se insiste en el escrito.

También se especifica que las comisiones suponen un 22,5 por ciento de la prima, «cantidad que, además, supera con creces las cifras pactadas con la aseguradora en el contrato de 2003».

De igual manera, el escrito confirma la inclusión de Juan Lanzas, sindicalista de UGT y mediador de los ERE fraudulentos, como intruso en el expediente de 2007. Lanzas nunca llegó a trabajar en Mercasevilla, aunque la aseguradora añade que Generali «no recibió prima alguna para el mismo». Cabe recordar que también se incluyó en el ERE de la empresa textil Hitemasa, junto a su esposa, en cuya plantilla jamás habían figurado, aunque sí cobraron las correspondientes pólizas.

Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza, es otro nombre vinculado al escándalo que aparece en el escrito firmado por Serrano. Según las estimaciones de la dirección de Mercasevilla, habría percibido 102.171 euros gracias a unas «prestaciones aseguradas» que ascendían a 344.936 euros. Tales cantidades «han de ser reclamadas». Garrido Santoyo «está imputado en la causa penal correspondiente, donde ha realizado una consignación de las cantidades que dice haber percibido indebidamente», señala el documento.

El pasado lunes, el alcalde, Juan Ignacio Zoido, trató el asunto del ERE de 2007 con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Un expediente que se niega a pagar la Administración autonómica. Sin embargo, Zoido desveló que el Gobierno andaluz está dispuesto a «empezar desde cero» y revisar la situación de los prejubilados. Serrano y el consejero de Empleo, Manuel Recio, encauzarán esta acción.

Los principales imputados, unidos por el escándalo
La jueza que instruye el «caso Mercasevilla», Mercedes Alaya, no esconde en sus autos la palabra «trama» para referirse a las negociaciones que mantenían los principales imputados con el dinero de las prejubilaciones de fondo. La fotografía es más que elocuente. Cuatro de sus principales imputados –Francisco Javier Guerrero, Juan Lanzas, Fernando Mellet y Antonio Rivas– posan juntos en la escuela de hostelería de Islantilla. Todos unidos por el escándalo.