Audiencia Nacional
Garzón declarará de nuevo por el «Gürtel»
El juez Baltasar Garzón volverá el próximo viernes al Tribunal Supremo. Ese día, a la diez y media de la mañana, comparecerá por segunda vez ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, instructor de la causa en la que se imputan los delitos de prevaricación y de uso de artificios de escuchas y grabaciones con violación de derechos constitucionales, al haber ordenado intervenir en prisión las conversaciones de los principales imputados en el «caso Gürtel» –Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez– con sus abogados.
En un principio, esa declaración estaba prevista para mañana, pero, a instancias de su abogado, Francisco Bocanegra, se ha retrasado hasta el viernes, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas.
Garzón ya solicitó el pasado mes de octubre realizar una nueva comparecencia ante Barreiro. Lo hizo inmediatamente después de que el instructor dictase el auto por el que concluía la instrucción y daba traslado al fiscal y acusaciones para que solicitaran la apertura de juicio oral y escrito de acusaciones, sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias, la denegó.
El 18 de noviembre, el magistrado rechazaba todas las diligencias solicitadas por Garzón. Respecto a la citada petición, el instructor de la querella recordaba que ya escuchó su versión de los hechos durante más de tres horas, en las que dio «las explicaciones que consideró pertinente aportar».
En esa misma resolución, Alberto Jorge Barreiro insistía en que hay indicios «transparentes» de que cuando Garzón ordenó esas grabaciones en prisión no había «dato incriminatorio alguno» contra los letrados afectados que los implicaran en la trama de corrupción. Esta circunstancia, añadía al respecto el instructor, fue reconocida «expresamente» por el propio Garzón en su declaración ante el Tribunal Supremo.
Calificaciones
Garzón también solicitaba que declarase como testigo el instructor del «caso Gürtel» en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, lo que también fue rechazado.
El abogado que presentó la querella, Ignacio Peláez –defensor del empresario José Luis Ulibarri–, solicita para Garzón 10 años de inhabilitación ; mientras que la defensa de Correa, ejercida por el letrado José Antonio Choclán, eleva su petición a 17 años de inhabilitación. La Fiscalía pide la absolución.
Sin acuerdo en el CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial no llegó ayer a ningún acuerdo que permitiese desbloquear las tres vacantes existentes en el Tribunal Supremo. Especialmente llamativa es la de la Sala Pena, que debe ser ocupada por un jurista de reconocida competencia para cubrir la baja por jubilación del magistrado Enrique Bacigalupo. Desde julio de 2008, está pendiente de que los dos grupos del Consejo alcancen un consenso que permita nombrar al sustituto. Los vocales «progresistas» respaldan la candidatura del catedrático Gonzalo Quintero, mientras que los «conservadores» avalan al fiscal Antonio del Moral. Ahora, el proceso vuelve al inicio.
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