Acierto de la Casa del Rey

La Casa del Rey ha reaccionado de modo irreprochable ante el «caso Iñaki Urdangarín», yerno del Rey. Su jefe, Rafael Spottorno, compareció ayer de manera excepcional ante los medios de comunicación para anunciar que el Duque de Palma queda fuera de la agenda oficial de la Familia Real en tanto no se sustancie la investigación judicial en marcha. No obstante, y sin menoscabo de la presunción de inocencia que le asiste, el juicio que a la Casa del Rey le merece el comportamiento empresarial de Urdangarín es taxativo: poco ejemplar. Acierta plenamente Spottorno, no sólo en desvincular nítidamente a la Familia Real de los negocios privados del esposo de la Infanta Doña Cristina, sino también en calificarlos de inadecuados en virtud del rango institucional que ocupa. Una cosa es el pronunciamiento de la Justicia, que no debería dilatarse más allá de lo imprescindible, y otra bien distinta, la falta de ejemplaridad. Como yerno del Rey, el señor Urdangarín no sólo está obligado a ser honrado, sino también a parecerlo. Nada es más saludable para las instituciones que la información puntual y transparente. Por eso no podemos menos que aplaudir la decisión de hacer públicas las cuentas de la Casa Real, cuyas partidas principales serán colgadas en la web oficial. En comparación con otras monarquías parlamentarias o con otras jefaturas del Estado, la española es de las menos onerosas para el erario público y una de las más austeras. Los poco más de 8 millones de euros que le asignan los Presupuestos Generales del Estado están muy lejos de los casi 50 que recibe la monarquía británica, los 40 de la holandesa o los 28 de la noruega. En todo caso, el presupuesto de La Zarzuela es bastante ajustado para pagar los sueldos del personal y las numerosas actividades oficiales que desempeñan todos los miembros de la Familia Real. Que sea Don Juan Carlos quien decida su distribución no significa que no estén sometidas a control y auditorías. Bienvenida sea, no obstante, la decisión de actuar con luz y taquígrafos, pues de ella no se pueden derivar más que beneficios para la propia institución y para los contribuyentes. Sin embargo, convendría profundizar aún más en esta línea de transparencia y eficiencia, por lo que seguramente ha llegado el momento de plantear la promulgación de un estatuto o una ley que regule el funcionamiento de la Casa Real en todos sus detalles. Que en estos 35 años el Rey haya resuelto con tino y prudencia conflictos aislados o muy excepcionales no significa que no sea necesaria esa articulación normativa y reglamentaria. El deplorable caso que gira en torno a Urdangarín nada tiene que ver con la Casa Real, aunque le afecte negativa e injustamente. Pero conviene extraer las lecciones oportunas y poner los medios para que situaciones así no se repitan en el futuro.