Los mercados desconfían del plan de Salgado para sanear a la Banca

Los inversores ven con cierta preocupación que algunas entidades tengan que dedicar sus esfuerzos a capitalizarse en lugar de a conceder dividendos. Por eso, y sin diferenciar qué entidades están mejor o peor situadas de cara a superar el 8% de «core capital», los cinco grandes del sector que cotizan en el Ibex bajaron entre el 1,93% y el 5,16%, y los otros tres que cotizan dentro del Índice General de la Bolsa de Madrid (Banesto, Pastor y Valencia) cedieron un 2,66%, el 0,66% y un 3,67%, respectivamente.

Si internacionalmente el anuncio del plan ha sido bien recibido tanto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como por la Comisión Europea y algunos bancos de inversión, en el plano doméstico existen algunas dudas más acerca de cuál es su verdadero objetivo. Aunque Elena Salgado se apresuró ayer a señalar que se habían despejado dudas en los mercados, como lo demuestra el éxito de la colocación de deuda soberana a corto plazo, JP Morgan no borra de sus archivos la posibilidad de que la economía española tenga que ser rescatada.

«El nuevo plan podría suponer un aumento de transparencia que ayudaría a reforzar la confianza de los inversores», pero concluye dejando la sombra de la duda en el horizonte futuro: «España es de los países con posibilidades de ser rescatado el que menos probabilidades tiene».

La mayoría de las cajas de ahorros trataba de sacar pecho ayer anunciando que cumplían o cumplirían con creces las nuevas exigencias de solvencia. Son los casos de Vital, BBK, Cajastur, CCM, Caja Guadalajara o Caja Cantabria. Lo mismo que los bancos, que parecen más contentos con las condiciones que el Gobierno va a poner a determinadas cajas de ahorros, una medida que venían reclamando desde hacía tiempo. Rodrigo Rato fue uno de los pocos presidentes de cajas que salió ayer a la palestra durante una conferencia pronunciada en Logroño. El presidente de Caja Madrid y del Banco Financiero y de Ahorros (una entidad formada con los activos y pasivos financieros de siete cajas de ahorros, entre ellas Bancaja) cree que es bueno que se conozca el marco en el que estas entidades van a tener que moverse, porque permite a cada una adaptar su estrategia a los calendarios marcados.

«Nuestro objetivo es la solvencia y la garantía para nuestros clientes y futuros inversores. Actuaremos en consecuencia y tomaremos las decisiones que vayan en beneficio de la entidad».

Su neutralidad no impidió que dejara caer alguna crítica sobre el grado de capitalización que se va a exigir a las cajas, «el más exigente que se está planteando a nivel internacional», algo que debe generar confianza, «pero que supone a la vez un desafío».

José Antonio Alonso, portavoz del PSOE en el Congreso, confía en alcanzar un «consenso fuerte» en el Parlamento para apoyar la reforma. En declaraciones a la Ser dijo que la posible nacionalización «no va a afectar a una cantidad significativa» y además no le va a costar nada al contrinuyente. Duran i Lleida (CiU) avaló por su parte que quien acuda al FROB deba convertirse en banco.

Cristóbal Montoro (PP) calificó de «muy discutible» el plan y admitió que a los populares no les ha gustado nada la forma empleada por el Gobierno para anunciar su propuesta. «Teníamos que haber anticipado esta crisis con el saneamiento de los balances. Mientras no lo hagamos estamos dando vueltas a la noria», dijo.

Por su parte, la Comisión Europea lanzó ayer su correspondiente advertencia acerca de las cajas de ahorros que necesiten más ayudas públicas, que tendrán que presentar a Bruselas un plan de reestructuración, lo que normalmente se traduce en una reducción de su tamaño y sus actividades para garantizar su viabilidad futura.

En este sentido, subrayó, a través de la portavoz de Competencia, Amelia Torres, que sólo contarán hasta diciembre para recibir las ayudas bajo el esquema más flexible a las ayudas públicas que inauguró la Comisión Europea a principios de la crisis.

«La Comisión no va a mirar si son recapitalizaciones privadas o nacionalizaciones, sino si cumplen las reglas de las ayudas de Estado», resumió. Será precisamente Joaquín Almunia, al frente de Competencia, quien decidirá sobre la aprobación o no de las posibles inyecciones que pueda hacer el FROB.

La portavoz no aclaró si España ha pedido una prórroga del propio fondo, cuya autorización expiró el pasado diciembre, informa J. Valero desde Bruselas.