Cerco al fraude de los cuidadores de dependientes

MADRID- La falta de control de las ayudas a los cuidadores familiares ha supuesto una sangría para las arcas del Estado (la cuarta parte de la inversión total en dependencia) y no ha provocado una mejora en la asistencia de los enfermos. De hecho, esta falta de control ha provocado numerosas irregularidades a las que el Ministerio de Sanidad quiere poner coto. Casos como el del cuidador de un familiar que vive a 100 kilómetros de distancia, o del que pide una ayuda y luego le paga a una vecina para que haga el trabajo, no se van a volver a producir.

Para ello, el Ministerio impondrá una serie de requisitos tanto para el solicitante como para el cuidador con el objetivo de acabar con las irregularidades y lograr una atención de calidad. Asimismo, la Administración se reserva el derecho a determinar qué tipo de prestación debe recibir cada enfermo, para lo que contará con el apoyo de profesionales y con la opinión de la familia. También se reserva la posibilidad de modificar o suspender la prestación si detecta alguna irregularidad o que la situación del paciente dependiente ha variado.

Por ello, a partir de ahora, los solicitantes tendrán que declarar si son receptores de ayudas sociales y detallarlas, indicar si ya tiene un cuidador, un compromiso de la familia de que acepta un seguimiento del caso por parte de la Administración, declarar si es una persona con discapacidad o si padece una enfermedad rara y comunicar de manera obligatoria si se ha producido un ingreso en el hospital sin coste alguno para el beneficiario.

Formación
En cuanto al cuidador, deberá aportar la documentación que acredite que reúne las condiciones necesarias, demostrar que vive con el dependiente, el compromiso de recibir formación por parte de la Administración, acreditar un horario de trabajo compatible con el cuidado de la personas dependiente y el compromiso de permitir el acceso al domicilio de los servicios sociales que hacen el seguimiento del caso.

Con la reforma de la ley, el Ministerio pretende no sólo mantener la figura del cuidador sino potenciarla y lograr que sea un servicio de calidad para el enfermo. De hecho, además de realizar un control estricto de estas ayudas, dará prevalencia a la posibilidad del ciudado en el domicilio, ya sea a través del cuidador familiar, la teleasistencia o la asistencia personal.
Estos cambios pretenden atajar los abusos cometidos durante los cinco años de vigencia de la ley, que nunca había sido evaluada y que le supone al Estado un gasto de más de 1.000 millones anuales. De hecho, la figura de los cuidados familiares fue incluida en la ley como una de las excepciones, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una regla general, sobre todo desde la llegada de la crisis. Muchos de los miembros de la unidad familiar han decidido atender a los dependientes en el domicilio y han solicitado una ayuda por ello. Así, una medida generadora de empleo se han convertido en una renta más de la familia, un complemento salarial o, simplemente, una ayuda ante la falta de ingresos.

En el terreno laboral, las afiliaciones a la Seguridad Social de profesionales adscritos a los servicios sociales han pasado de 70.546 altas de 2007 a las 8.034 bajas el año pasado. Además, el incremento del número de cuidadores familiares no profesionales ha sido de 174.133.

sistema colapsado
La herencia de un sistema colapsado ha obligado a Sanidad a iniciar una reforma de la ley de dependencia para garantizar su supervivencia. Tal y como adelantó LA RAZÓN el día 18, el próximo miércoles presentará a las comunidades el proyecto, que pretende dar prioridad a la atención de los más dependientes, lo que impedirá la entrada de nuevos beneficiarios con grados de dependencia leve.