El Gobierno concederá una amnistía parcial a las empresas

En la historia de la democracia española ha habido dos amnistías fiscales bajo gobiernos socialistas. Una, la de 1984, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Hacienda, y la de 1991 con Carlos Solchaga ocupando esta cartera. Una amnistía fiscal es un perdón legal de las infracciones o delitos, y veinte años después ha vuelto a colarse en la agenda política con la llegada de la crisis económica, el mayor número de parados de la historia, las arcas del Estado en números rojos, y las de la Seguridad Social en déficit técnico.

Aunque una amnistía fiscal supone un elemento discriminatorio y un agravio comparativo para aquellos contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, es una herramienta muy jugosa para el Gobierno, porque le permitiría reducir las listas del paro. La idea ha partido del ministerio de Trabajo e Inmigración que ya está trabajando en ella, sin el beneplácito del ministerio de Economía y Hacienda. El director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, descartó categóricamente el pasado febrero ofrecer una amnistía fiscal para facilitar a las empresas que afloren a los trabajadores en negro. «Es pan para hoy y hambre para mañana», subrayó Carbajo.

Periodo de gracia
Según ha podido saber este periódico, los «incentivos» a las empresas para que den de alta a los trabajadores irregulares, que anunció el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, consistiría en garantizar a éstas el pago de las cuotas que adeudan a la Seguridad Social por los trabajadores sumergidos pero sin cobrarles recargos por ello. Se trataría de un perdón legal de sanciones, lo que significaría por tanto «una amnistía parcial», en opinión del portavoz de los Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre. Ese periodo de gracia comenzará en junio y concluirá en diciembre de 2012, fecha después de la cual las empresas recibirían una sanción más fuerte que la actual, según explicaciones del Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por LA RAZÓN explican que el Gobierno ha elaborado ya una primera propuesta que tendrá que trasladar a los agentes sociales y en la que han participado todos los organismos del Ministerio de Trabajo, también el Ministerio de Hacienda, la Tesorería General de la Seguridad Social y los Servicios Públicos de Empleo. Estas mismas fuentes apuntan que las medidas consistirán en dar facilidades a las empresas para que afloren a los trabajadores irregulares pero niegan que estas facilidades tengan carácter de amnistía.

Los expertos expresan su escepticismo antes esta medida y argumentan que no está tan claro que la amnistía parcial le interese a la empresa sumergida, «puesto que es probable que no quiera quedarse al descubierto si solamente se le da a cambio el retiro del recargo», añaden.
Otras medidas Las recetas que proponen los Inspectores de Hacienda para acabar con la economía sumergida son bien distintas. Según De la Torre, una buena medida sería reducir la burocracia para crear y mantener empresas. En segundo lugar, incrementar los medios de control en vez de hablar de sanciones futuras, y en tercer lugar bajar las cotizaciones sociales a los empresarios que sí cumplen con sus obligaciones.

La medida que quiere implantar el Gobierno una vez consultada con los agentes sociales entraña muchas dudas. Y es que comprometerse a aumentar las sanciones en 18 meses a los incumplidores no es algo seguro, puesto que en 2012 todo parece indicar que habrá un nuevo gobierno y se desconoce cuál será su programa económico.

Lo que sí conocemos ya es la postura del Partido Popular en este asunto. Su portavoz económico, Cristóbal Montoro, recuerda que durante los gobiernos del PP, jamás se planteó conceder amnistías fiscales, por su carácter «discriminatorio». Montoro explica que la filosofía de su partido fue siempre hacer reformas tributarias para que aflorara la economía sumergida, y nunca conceder perdones legales que «acababan favoreciendo al defraudador».

Un 20% del PIB
Aflorar el empleo sumergido es un objetivo de toda la UE, aunque fundamental en España, toda vez que la economía irregular –en torno al 20% del PIB– están por encima de la de países como Alemania (15%), Francia (12%) o Reino Unido (11%), aunque, eso sí, por debajo de Italia, que lidera la clasificación de los «grandes», con el 22%. Según algunas estimaciones, combatir la denominada «economía B» podría aportar a las arcas públicas entre el 6% y el 8% del PIB, lo que equivale a decir que la Hacienda Pública podría ingresar entre 6.000 y 8.000 millones de euros anuales.

Los casos de economía sumergida se encuentran sobre todo en sectores tradicionales como la agricultura, el comercio minorista, la reparación de automóviles, la construcción, la restauración y los servicios domésticos, con escasos controles. Fundamentalmente, en los que se paga en efectivo. En 2009, el Gobierno socialista ya estableció un plan para que miembros de la Agencia Tributaria se coordinaran con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social para detectar posibles casos de economía sumergida. Las medidas que ahora quiere aplicar el Gobierno distan mucho de aquellas.

Los intentos fallidos de Boyer y Solchaga en 1984 y 1991
La lucha contra la economía sumergida no es un invento del Gobierno de Zapatero, aunque está siempre vinculado a los gobiernos socialistas. En el año 1984, Miguel Boyer, el primer superministro de Economía y Hacienda, permitió que aquellos que tenían ocultas sus actividades adquirieran pagarés del Tesoro –también opacos fiscalmente– sin ningún tipo de penalización y salvaguardando el anonimato de los infractores.

La segunda amnistía fiscal fue concedida en 1991, cuando Carlos Solchaga era ministro. En esta ocasión posibilitó que los defraudadores invirtieran su dinero negro en deuda pública española con un tipo de interés inferior al del mercado. El resultado no fue el esperado y Solchaga tuvo que incluir en los Presupuestos Generales de Estado de 1992 un aumento del IVA, un impuesto sobre el consumo obligado tras la entrada de España en el Mercado Común Europeo.