Para no acabar como Grecia

El duro ajuste aplicado por el Gobierno, que pretende ahorrar 65.000 millones hasta 2014, ha desatado el descontento y el malestar en buena parte de la sociedad. Se trata de una reacción lógica, entendible y asumible. La exigencia de las medidas es considerable y afecta sustancialmente a la vida de los ciudadanos. El Gobierno ha sido el primero en manifestar su absoluto respeto y comprensión con el enfado de los españoles, que se enfrentan a una etapa dramática en circunstancias complejas. Digerir lo que se nos viene encima después de años tan duros llevará su tiempo. El Ejecutivo ha reconocido que las críticas circunstancias forzaron la adopción de propuestas que en ningún caso estaban previstas y que ni siquiera formaban parte de su ideario ni de su proyecto político. En este sentido, por ejemplo, es conocido que este periódico se ha opuesto a la subida de impuestos por ser un instrumento que, lejos de incentivar la economía, puede enfriarla en circunstancias normales. Pero el problema es que el escenario dista mucho de acercarse a algo no ya normal, sino siquiera manejable. Son medidas extraordinarias para una realidad crítica. En este punto, el miedo a rectificar, enrocarse en una ceguera doctrinal o ideológica, únicamente habría acentuado la recesión y empobrecido al país. Ha habido una coincidencia entre el Gobierno, las autoridades comunitarias, organismos internacionales como el FMI y analistas en que no había alternativa y que era preciso aplicar una terapia de choque para estabilizar las cuentas. El riesgo de no aplicarse con determinación y rigor era seguir los pasos de Grecia y condenar a la sociedad a un sacrificio endémico. Las consecuencias para la nación helena fueron dramáticas: un país rescatado, con un tercio de su población por debajo del umbral de la pobreza, la clase media quebrada, una reducción de salarios superior al 22% y una tasa récord de paro del 21%. Un país encendido por los disturbios, lo que no sólo no evitó el colapso, sino que lo aceleró. España se equivocaría gravemente si no aprendiera de los errores de otros. La calle puede ser un desahogo, pero no traerá la solución. La democracia tiene sus cauces y sus procedimientos para expresar el rechazo a las políticas del Gobierno. Escenas como las que se vivieron el viernes en las calles de Madrid nos alejan del objetivo. Los sindicatos amenazaron ayer con una huelga general. Sería un grave error en la cadena de despropósitos de esa izquierda desnortada y demagógica. Todos somos conscientes de que pagamos hoy los errores del pasado y que se cometieron demasiados como para acabar sin cicatrices. Los españoles soportan la carga más pesada de la crisis y los gobernantes deben dar ejemplo. En 2011 las administraciones gastaron 90.000 millones más de lo que recaudaron. No se puede volver a repetir. Hay que estar a la altura de las circunstancias.