Caso Malaya: Llegó la hora de la verdad

Con una expectación sin precedentes, y ante fuertes medidas de seguridad, la entrada de la Ciudad de la Justicia fue custodiada por más de una decena de agentes de Policía Nacional que acotaron una zona para el acceso de los acusados y sus abogados defensores al interior del edificio.

El juicio arrancó con las cuestiones previas que inició la abogada Rocío Amigo, defensora del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. En su alocución, la letrada criticó duramente la instrucción desarrollada por el juez que inició la investigación, Miguel Ángel Torres, y pidió la nulidad del juicio y de todos y cada uno de los autos que dictó el magistrado desde que ordenó la detención del que fuera gerente de Urbanismo del consistorio marbellí, en marzo de 2006.

Según Amigo, Torres desarrolló una actuación «servil» hacia la Policía, con respecto a unos hechos «que han sido enjuiciados en otros procedimientos» como los que tutelan otros tribunales por delitos urbanísticos. La letrada consideró que la «absoluta falta de motivación» de los autos del juez y «la violación del secreto de comunicaciones» en que incurrió la intervención de varios teléfonos de Roca tuvieron como resultado una «investigación prospectiva», que justifica la suspensión del procedimiento.

Por su parte, el abogado Horacio Oliva, representante legal de varios abogados del gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, cuestionó la instrucción de la causa tras demandar al tribunal «un juicio justo» y puso de manifiesto las «irregularidades» que en su opinión, sustentan un «procedimiento injusto».

Para el letrado, la detención de los imputados fue «irregular», ante la «indefensión real» de los arrestados, y criticó además «la falta de proporcionalidad» de los registros practicados en el marco de la instrucción por parte de un magistrado movido por «motivaciones genéricas».

El letrado Francisco Soriano, que también fue detenido en este caso y que representa a uno de los responsables del gabinete jurídico, en concreto a Manuel Sánchez Zubizarreta, aseguró que el sumario del caso es el fruto «de una voluntad caprichosa del juez Torres», de quien dijo que tenía «pleno conocimiento de las normas de reparto, pero las obvió y vulneró».

Para Soriano, el magistrado instructor, a quien calificó como «parcial e inquisidor», desarrolló una «voluntad arbitraria investida de poder». Además, criticó los seis días que permaneció arrestado en los calabozos al relatar que en su interior, «cuando uno tiene una necesidad fisiológica hay un agujero en el suelo y le puedes decir a los veinte o treinta que hay ahí "volveros de espaldas", para que respondan "jiña ahí si quieres que no nos vamos asustar de nada"».

Desde las ocho de la mañana decenas de cámaras de televisión aguardaron a las puertas del Palacio de Justicia la llegada de los acusados que, en algunos casos, estuvieron acompañados de sus abogados y en otros de familiares, como la ex alcaldesa marbellí Marisol Yagüe, escoltada por uno de sus dos hijos, o la ex portavoz del PSOE, Isabel García Marcos, que acudió con su marido.

Fue sin embargo Julián Muñoz, que llegó a la Audiencia Provincial con semblante serio, a bordo de un lujoso automóvil y junto a su abogado Javier Saavedra, quien despertó una mayor expectación, especialmente entre los representantes de más de una decena de programas del «corazón» de distintas cadenas privadas.

En el interior del Palacio de Justicia, funcionarios y público en general siguieron parte de la primera sesión de juicio desde alguno de los monitores ubicados en los pasillos, toda vez que tan sólo cincuenta personas aparte de abogados y periodistas pudieron obtener un asiento en la sala.

Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó la procesada Pilar Román, –hija del que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román y acusada de blanqueo–, a quien el tribunal permitió ausentarse del juicio para «cumplir con sus obligaciones de madre» y dar el pecho a su bebé.