La mano derecha de Gómez acaba en el banquillo y su pupilo declara hoy por prevaricación

A Trinidad Rollán, y a todo el equipo con el que gobernaba el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en 2001, les denunció por prevaricación un ex compañero de filas. Por el caso, conocido como «Patrimonio Siglo XXI», la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público para Rollán (y para cada uno del resto de concejales) que actualmente ostenta los cargos de secretaria de Organización del PSM, portavoz municipal de los socialistas en el Ayuntamiento de Torrejón y consejera de Caja Madrid. El «caso Patrimonio Siglo XXI», sobre el que el TSJM dictó este miércoles auto de apertura de juicio oral, no salió a la luz hasta 2007, cuando un ex concejal del PSOE de Torrejón puso en manos de la Justicia las presuntas irregularidades cometidas por Rollán en su etapa de alcaldesa del municipio (1999-2007). Rollán, por tanto, fue imputada, cinco meses después de que Gómez la convirtiera en su número dos. Y es que, los papeles entregados a un juzgado de Torrejón señalaban a la actual número dos del PSM como responsable de una permuta ilegal aprobada en 2001 por el Pleno municipal. La denuncia subrayaba que tanto el secretario como el interventor municipal advirtieron a Rollán de que el convenio con la sociedad «Patrimonio Siglo XXI» para la construcción de 107 viviendas sociales era ilegal. Sin embargo, la operación siguió adelante y fue aprobada con los votos de otros trece ediles, todos ellos actualmente imputados. En septiembre de 2009, el juzgado de Torrejón deribó el caso al Tribunal Superior de Justicia, por la condición aforada de una de las ex concejalas imputadas: la actual diputada del PSOE en la Asamblea, Esperanza Rozas. La Fiscalía pidió la apertura del juicio oral el 30 de marzo, después de que el juez instructor de la Sala Civil y Penal del TSJM, José Manuel Suárez Robledano, pusiera fin a la fase de instrucción del caso. Una «ilegalidad clara»En este auto, Robledano ya señaló que el secretario hizo saber con anterioridad a la votación el «desajuste claro y patente con el Ordenamiento Jurídico urbanístico aplicable al mismo, de tal manera que (...), todos los concejales conocían tales circunstancias de ilegalidad clara y patente y advertida, luego confirmada también por la jurisdicción contencioso-administrativa». El magistrado señaló que el interventor también advirtió de que «no cumplía el acuerdo municipal en cuestión de normativa vigente en materia de Contratos de Administraciones Públicas» y apuntó que votaron a favor del convenio «con previo conocimiento de la ilegalidad patente del mismo».Fernández Tejero dice que sufrió coacciones. Era el instructor jefe del expediente de Ginés en el «caso Bloque».El llamado a suceder a Tomás Gómez en el Ayuntamiento de Parla, la persona en la que el líder del PSM confió para que continuara con su legado declara hoy después de que el ex jefe de Policía Local del municipio le denunciara por prevaricación. El Juzgado número 7 de Parla ha citado a José María Fraile y a su concejal de Seguridad y Personal, Mariano Sánchez Toribio, para que explique los motivos y el procedimiento utilizado en la destitución de Eduardo Fernández Tejero. La juez admitió a trámite el pasado mes de mayo la denuncia del que fuera jefe de la Policía Municipal, cuando Tomás Gómez gobernaba la ciudad, para investigar si Fraile y Sánchez cometieron un delito de prevaricación administrativa en su cese.Fue en octubre de 2009 cuando Fernández fue relegado de su puesto como máximo responsable de los agentes municipales. Fernández Tejero asegura que nunca recibió más explicación del alcalde que «Eduardo, hemos perdido la confianza que teníamos en tí». El jefe de la Policía recordó al alcalde que su puesto no era «de confianza» y que había accedido a él a través de unas oposiciones, pero aquello sólo le sirvió para que –según declaró a Efe– «me amenazó con la apertura de un expediente disciplinario si no me iba voluntariamente de este Ayuntamiento y, si no aceptaba, a quedar relegado a cobrar mi sueldo íntegro realizando funciones testimoniales». ExpedientadoY la advertencia se cumplió. Se abrió un expediente contra Fernández, que luego, curiosamente, fue archivado sin sanción y por tanto fue readmitido en febrero, sin embargo no se le asignó la misma tarea, le metieron en un despacho sin competencias sobre la Policía Local. Pero Fernández Tejero nunca volvió, fue dado de baja por depresión.En su ausencia, Fraile creó un nuevo cargo, el de subinspector, por encima del de Fernández Tejero. El elegido para ocupar el puesto es Antonio Aguado, un sargento al que el alcalde ascendió y que también declarará como testigo. Tal y como informó LA RAZÓN el pasado mes de mayo, la promoción de Aguado a subinspector obliga por ley al Ayuntamiento a la creación de una plaza más de oficial (además de la de Fernández Tejero, que ya existe) y a su vez a crear otras dos de suboficiales –que se añaden a las dos que correspondían a la de Fernández Tejero–. De este modo, el organigrama de la Policía Local quedará duplicado, una maniobra que supondría al Ayuntamiento un gasto estimado superior a 300.000 euros, según las fuentes consultadas por este periódico.