La Junta se desvincula de investigar las irregularidades del ERE de 2007

¿Investigar? Depende. El consejero de Empleo de la Junta, Manuel Recio, aseguró ayer –antes de su visita a la residencia de la Fundación Gerón, donde fue recibido al son de violines– que se investiga «caso a caso» el expediente de regulación de empleo (ERE) desarrollado en 2003 en Mercasevilla, tras la aparición de una persona, María del Carmen Fontela González, ajena a la empresa como beneficiaria del mismo. «Si hubiera cualquier otra irregularidad, se daría traslado inmediato a los tribunales», apostilló Recio. Sin embargo, respecto al otro ERE, el de 2007, se desvinculó del mismo, a pesar de que, presuntamente, un dirigente del PSOE de Jaén, Antonio Garrido Santoyo, cobró más de 112.000 euros como adjudicatario del mismo, sin haber cotizado nunca como empleado del Merca, por lo que dimitió tras asegurar que a sus cuentas no llegó ni un euro.

En relación, principalmente, a este segundo caso el comité de empresa de Mercasevilla ha hablado de una supuesta trama de financiación ilegal. Recio, no obstante, subrayó que el ERE de 2007 «no supone ningún compromiso de tipo financiero». «Nunca dijimos que íbamos a incentivar el expediente de regulación de empleo de 2007», aseguró, a pesar de que existen hasta tres documentos –el último firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero– con el compromiso de la Administración autonómica de abonar determinadas cantidades del acuerdo laboral.

Así, a pesar de lo declarado por los dirigentes de la Junta, empezando por el presidente José Antonio Griñán, y por los responsables del PSOE –el secretario provincial socialista, José Antonio Viera, en la época del primer ERE consejero de Empleo, entre otros–, tendrá que ser la propia Mercasevilla y la aseguradora Vitalia «en caso de que lo crean necesario» las que lleven a cabo acciones. El ERE de 2003 «sí estuvo incentivado por la Junta y se han detectado posibles irregularidades que han sido trasladadas al juzgado de Instrucción número 6», que se encarga de la investigación de las diferentes tramas –intento de soborno, venta fraudulenta de suelo y delito societario, más las que se añadan, si no pasan a un juez de lo Laboral– del «caso Mercasevilla».

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, insistió en que se desarrolle una comisión de investigación en el Parlamento y exigió que se aclare quiénes fueron los «verdaderos beneficiarios» de los expedientes, recogió Europa Press. «En qué cuenta se ingresó el dinero, si no sabe nada la administración laboral de la Junta, o si explica algo el hecho del retraso injustificado del cese del delegado de Empleo, Antonio Rivas, tras su imputación» son algunas preguntas que lanzó Antonio Sanz. Además, comentó que «si en Jaén no se mueve nada sin Zarrías, nadie se explica que no sepa nada».