Fernández renunció a la póliza tras el escándalo

Sevilla- Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pone en evidencia que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, encarcelado desde el pasado mes de abril, fue incluido en el ERE de la bodega González Byass sin tener derecho a ello. Además, intentó demostrar que había renunciado a la ayuda después de que saltara a la luz pública el caso del ERE de Mercasevilla.

El informe, entregado a la juez Mercedes Alaya, señala que Fernández solicitó una excedencia en la empresa en 1983 por un periodo máximo de cuatro años, mientras duraba su cargo como concejal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Sin embargo, una vez cumplido el plazo, «no avisó ni solicitó prórroga de ningún tipo, perdiendo de este modo el derecho al beneficio de reincorporación automático». Por tanto, la Benemérita concluye que «es más que cuestionable su vinculación legal con la empresa a fecha de la solicitud y concesión del ERE», concretamente en 2008.

Igualmente, el documento pone el acento en un aspecto llamativo que ya conoce la juez: a Fernández se le asignó una fecha de antigüedad en la empresa igual a la de su nacimiento. Sin embargo, según algunos testigos, esta circunstancia se debió a un «error de mecanización».

Alerta también la Guardia Civil de que Fernández «contravino un criterio objetivo» en su inclusión como beneficiario, pues tenía 52 años cuando se formalizó el ERE y la condición era haber cumplido 55. Además, «era indispensable tener dificultades de inserción en el mercado laboral», aunque en su caso había sido concejal y alto cargo de la Junta.

La póliza, por tanto, quedó fijada en 386.181,37 euros. Sin embargo, Fernández renunció a cobrarla «en un intento de diluir su responsabilidad en el expediente de González Byass».

No osbtante, la Guardia Civil subraya que solicitó certificación de que no era beneficiario de la póliza «tiempo después de que se hiciese público y notorio el ERE de Mercasevilla». «A tenor de la situación mediática del caso, desde la Consejería de Empleo se organizó una revisión de expedientes, entre los que se encontraba el de González Byass».

EMPRESAS INVESTIGADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS
Acyco
Encarnación Poto, tras acogerse al ERE, «continuó ejerciendo el mismo cargo»
Encarnación Poto Monge, presidenta de Acyco, se acogió al ERE de 2003 y, según una empleada, «continuó yendo a trabajar a diario con los mismos horarios, ejerciendo el mismo cargo –aunque denominado presidenta de honor–, responsabilidades y funciones –dirección y toma de decisiones–». Como miembro del Consejo de Administración «cobró unas cuantías que, en cómputo global, superaban a las que anualmente cobraba como trabajadora antes del ERE». Igualmente, Poto «formaba parte de otros consejos de administración de empresas vinculadas al Grupo SOS». La Guardia Civil destaca igualmente su vinculación con «cargos públicos autonómicos, municipales y sindicales de Andalucía», dado que en su agenda «existen multitud de números de teléfono de diferentes cargos».
 

Calderinox
Márquez, Díaz, Rivas, Fernández, CC OO y Uniter, al tanto de los intrusos
La Guardia Civil constata el amplio conocimiento de la introducción de dos intrusos en el ERE de esta empresa. Cargos intermedios de la Consejería de Empleo, como María José Rofa, lo denunciaron en su declaración. La mediación del asesor de la Consejería de Empleo, Ramón Díaz Alcaraz, y del delegado provincial Antonio Rivas, fue decisiva y también la participación del sindicato CC OO y del ex director general Juan Márquez. El Instituto Armado destaca que el ex consejero Antonio Fernández, pese a admitir que no conocía el caso, no vio ningún impedimento en que fueran beneficiarios de una póliza. Todo ello sin haber trabajando nunca en la empresa.
 

Aglomerados Morell
Los destinos de las ayudas son «distintos» a la finalidad primitiva
La Guardia Civil constata que, «desde la propia Junta de Andalucía, se tenía como seguro que una ayuda otorgada a la empresa Corvillette en realidad era para Aglomerados Morell». En el ERE de la empresa participaron, según el Instituto Armado, el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas; el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero; la trabajadora de la Consejería de Empleo María Ángeles Gala; el sindicalista Juan Lanzas y el ex director general de Trabajo Juan Márquez. También subraya que los destinos de las ayudas «son distintos a la finalidad para que, en un principio, fueron concedidas».