A por Gallardón

En cambio, Gallardón recordó que la deuda de todos los municipios representa tan sólo el 6,2 por ciento de la española, y el 93,8 por ciento restante sí puede refinanciarla. «Desde mi punto de vista es muy difícil incumplir esos objetivos aplicando una norma exclusivamente a la parte más pequeña», consideró y apuntó que «si Bruselas hubiese impuesto al Gobierno lo que el Gobierno ha impuesto a los ayuntamientos, la situación para un sector inmenso de las empresas sería absolutamente insostenible». Sin embargo, Gallardón rechazó especular sobre los motivos ocultos de la decisión de Moncloa, aunque la realidad es que, dentro de seis meses hay elecciones municipales y la sospecha de una maniobra para minar su gestión al frente del Consistorio madrileño es cada vez mayor. Máxime cuando la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el socialista Pedro Castro, y otros alcaldes y presidentes comunitarios del PSOE como Juan Alberto Belloch, alcalde de Zaragoza, y José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, han criticado unas medidas económicas que, si bien asfixia a casi todos los municipios españoles, parece creada para dar donde más duele al Ayuntamiento de Madrid.

Porque 7.145 millones de euros de deuda es una cifra que queda muy bien para atacar los logros del consistorio madrileño, por mucho que éste recurra a las comparaciones para minimizar el impacto, y en pocas cosas más la oposición ha sido efectiva a la hora de criticar al alcalde. Una maniobra de desprestigio que podría ser una estrategia para reforzar al candidato socialista a la Alcaldía, Jaime Lissavetzky, un hombre de confianza de Zapatero. Quizá por el revolcón de las primarias en el PSM, que impidió al tándem más cercano a Moncloa ir de la mano a los comicios, ahora Ferraz busca respaldarle como sea.