«Coagulados» por la crisis

Han construido hospitales innecesarios, pasado por alto la duplicidad de pruebas, han consentido que haya salas de urgencias sobredimensionadas, incluso que en vez de una ambulancia para transportar pacientes, se usen taxis individuales... Un despilfarro por parte de las administraciones que ahora pagan los enfermos. Porque no hay dinero para lo que realmente se necesita, ni para avances terapéuticos que han demostrado eficacia y seguridad y que aumentan la esperanza de vida.

Los últimos envueltos en polémica son los nuevos anticoagulantes autorizados para tratar la Fibrilación Auricular (FA) no valvular, la arritmia cardiaca más común. Su prescripción, de hecho, no llega al cuatro por ciento en España, cuando en países europeos superan el 20 por ciento. «Aunque el efecto anticoagulante es el mismo que en los clásicos, tienen menor índice de sangrado. Lo negativo es que son más caros y eso es un problema. Si hubieran salido a la luz en un momento económico distinto, el impacto habría sido más elevado», destaca Gloria Oller, cardióloga de Capio Hospital General de Cataluña.

Es más, según los expertos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) podrían sustituir a los clásicos en el 75 por ciento de los casos. Sin embargo, «debemos ser conscientes de que en la actual situación económica debemos restringir estos fármacos», hizo público en la reciente Reunión Anual de la Sección de Electrofisiología y Arritmias de la SEC, Ignacio Fernández Lozano.

¿Ahorro?
Los recién llegados –dabigatrán (de la compañía alemana Boehringer Ingelheim) rivaroxaban (de Bayer) y apixaban (de Pfizer y Bristol-Myers Squibb)– rondan los 90 euros, frente a los dos euros del clásico Sintrom. Caro, sí, pero a largo plazo... ¿A cuánto asciende? Y lo que es más importante, ¿cuántas vidas se ganan? Porque según el último análisis coste efectividad de dabigatran para la prevención del ictus, en base a 10.000 pacientes, se reducirían entre 300 y 400 eventos mortales y entre 250 y 463 que generan algún tipo de discapacidad. Y si se tiene en cuenta que la FA (que afecta a unos 750.000 individuos en nuestro país) es la causante de unos 30.000 ictus anuales, el precio de las cajas no es tan relevante con el paso del tiempo.

José Ramón González Juanatey, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario de Santiago de Compostela argumenta que «son más eficaces y seguros que el clásico, que se ha estado utilizando para estas patologías durante los últimos 50 años. Se puede administrar una dosis al día sin necesidad de controles, sin restricciones en la dieta y sin tantas interacciones con otros fármacos».

Otro trabajo, en este caso el estudio RE-LY (elaborado sobre el tratamiento con dabigatran 150 mg) muestra que el coste eficacia por cada ictus o embolismo sistémico evitado por año es de entre 71.568 y 143.808 euros.

Además, el Sintrom tampoco es «barato». A esos dos euros hay que sumar algunos gastos añadidos. Trabajos como el informe para el grupo Génesis de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) revelan que, aunque la monitorización de la prueba analítica de control puede variar en cada centro, el precio medio se sitúa en el rango de 320 euros y los 750 euros. Y eso se lo ahorran con las nuevas terapias.

Mucho control
Luciano Arochena, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (Feasan) explica a este semanario que «no es el valor por caja. Es cierto que si comparamos el Sintrom con un nuevo fármaco, este último es más caro, pero el clásico encierra muchos problemas que se evitarían con el cambio de medicación. Porque el Sintrom es bueno, pero requiere mucho control. Yo sufrí un ictus, y si tomara un nuevo medicamento, el sistema ahorraría, porque quedé hemipléjico del lado izquierdo, y tuvieron que atenderme. Y eso supuso un gran coste a la Seguridad Social».

Además, «desde que descentralizaron los anticoagulados ha sido un problema. Antes, el hematólogo te revisaba; ahora lo hacen en enfermería, y al hacer a punción capilar, por ejemplo si se equivoca, cada tira que emplean para realizar la prueba son cinco euros», añade.

Y las horas de trabajo de las personas «tampoco tienen valor. Como debes ir a tu centro de salud, si trabajas, por ejemplo, en Fuenlabrada –a 22 kilómetros de distancia–, debes desplazarte a Madrid para tu chequeo y control del Sintrom, para evitar hemorragias», continúa Arochena.

Las quejas por no recibir las terapias nuevas no se han hecho esperar y ya han llegado desde diferentes autonomías. A Feasan han llegado «desde Cataluña, Murcia, Galicia y Canarias», dice Arochena. «Para la salud no debe haber crisis, sin embargo hay pacientes que han tenido que oír como su médico les decía que no podían indicar algo de más de 30 euros». Pese a que este semanario se intentó poner en contacto con algunas de estas consejerías, al cierre de esta edición ninguna ha se ha pronunciado al respecto.

González Juanatey coincide en que «algunas CC AA son más restrictivas, cómo Cataluña, frente a otras como Madrid, País Vasco, y Baleares, en las que la normativa es más apropiada, en línea con la del ministerio del 24 de septiembre». Una norma en la que se especifica que la decisión de iniciar o no tratamiento antitrombótico «se debe tomar de forma individualizada a partir de la evaluación del riesgo trombótico y hemorrágico en cada paciente».

Por su parte, Juan Carlos Reverter, jefe del Servicio de Hematología y Hemostasia del Hospital Clínic de Barcelona matiza que en «Cataluña hay mayor restricción económica, pero las autonomías se están ajustando a las recomendaciones de las guías, pese a que en algunas el sistema de validez sea más estricto. Son buenos fármacos e irán encontrando su espacio», añade.

Afectados
Entre los perjudicados se encuentra José Luis, que asegura que «el tratamiento no me iba bien porque estaba mal anticoagulado. Mi médico me dijo que iba a salir un fármaco nuevo más eficaz y que seguro que me podría ir mejor». Tras realizar los informes pertinentes para cambiar de tratamiento «me presenté en el centro de salud y me dijeron que no me podían hacer la receta porque era un tratamiento caro y que no tenían presupuesto».

Carlos Macaya, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, argumenta que «la Administración no está facilitando su uso, porque su visión es cortoplacista y las arcas están vacías. Lo que ocurra dentro de cuatro años, a los políticos les importa poco». Además, algunos expertos reconocen que los responsables de la gestión de los centros les han lanzado el mensaje de que «hay que ahorrar».

«Han construido multitud de hospitales y no nos han dicho nada. Y ahora nos dicen que tenemos que andarnos con ojo, porque la situación está mal», explican.

En otras comunidades la escasez de recursos ha hecho mella en proyectos pioneros a nivel nacional que estaban dando muy buenos resultados.

Interrumpidos
En los últimos seis meses el Gobierno de Aragón, el importe de los nuevos tratamientos es, según dicen, de 250.000 euros.

Sin embargo, según el vicepresidente del a Asociación de Anticoagulados de Aragón, el sistema de control domiciliario, el «Coagulómetro», implantado en 2009 y del que formaban parte 800 pacientes y había 150 en espera, ha sido interrumpido. «No entran nuevos pacientes, y no es lo mismo tener que hacerse revisiones cada cuatro o seis semanas, que cada semana», dice.

Era pionero, «a semejanza de países nórdicos, y tenía buenos resultados, ya que se evitaba la extracción venosa, que se hace en el hospital y es más dolorosa y agresiva. Pero desde finales del año pasado lo han interrumpido. Y el gasto era de 100 euros al año por paciente». La crisis actual es tan grave, que ni siquiera los que pueden costearse el fármaco se atreven.

A la hora de adquirirlos, la doctora Oller explica que «en la Salud Pública se requiere un visado por la diferencia de precio. Pero por la sanidad privada si el paciente se lo puede costear, se le indica. Aunque apenas he tenido un par de casos, porque es un tratamiento a largo plazo, y los pacientes no saben si dentro de diez años podrán seguir costeándoselo».

José Luis lo tiene claro: «¿Cómo puede ser que aprueben un fármaco, le pongan precio y luego se pueda recetar al paciente? No se le puede poner precio a la salud», protesta. «Estos nuevos fármacos son coste-efectivos. Hay que apostar por la innovación, y no gastar en lo que no se necesita», concluye González Juanatey.