Mercasevilla inicia los trámites para despedir a Ponce y Regla Pereira

Sevilla- La dirección de Mercasevilla ha comenzado los trámites que han de desembocar en el despido de Daniel Ponce, subdirector del Mercado Central de Abastos, y Regla Pereira, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, ambos imputados por la juez Mercedes Alaya por un delito de cohecho, junto al que fuera director Fernando Mellet y al ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, entendiendo por tanto que existen «indicios de solicitud de dádiva y comisiones ilícitas a terceros».

El nuevo consejo de administración no ha desperdiciado la ocasión –el auto de la juez tiene fecha del 25 de octubre– de iniciar el procedimiento que ha de concluir con la desvinculación sin derecho a indemnización de los expedientados.

Según fuentes municipales consultadas por este diario, el proceso comienza con el trámite de audiencia previo de Ponce y Pereira, a los que se les ha comunicado la decisión adoptada –junto a la carta se acompaña el auto de apertura del juicio oral–, igual que al comité de empresa de Mercasevilla, sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense.

Extorsión a hosteleros
Los dos directivos de la empresa están relacionados con el intento de cobro de comisiones ilegales a los empresarios de «La Raza» a cambio de la gestión de la escuela de hostelería que iba a crearse, según recoge el auto de apertura de juicio de oral.

En la propia comunicación realizada a los implicados se detalla el intento de extorsión, consistente en «solicitar los pasados días 16 y 27 de enero de 2009» a los representantes hosteleros «la entrega de 300.000 euros en concepto de comisión a abonar a la Junta de Andalucía por una subvención pública» y el pago de 150.000 euros «sin facturas» para la acometida eléctrica de las instalaciones del local de dicha escuela. En la grabación realizada por los hosteleros en la segunda de estas reuniones, incluso se vincula esta «táctica» a una fórmula de financiación del PSOE.

La dirección de Mercasevilla afirma que su decisión se basa en la doctrina judicial que permite hacer despedir cuando existe una imputación judicial contra un empleado por «conductas relacionadas con la empresa o que dañan gravemente» a su imagen, «todo ello antes de que exista condena firme».

Además, el procedimiento disciplinario emplaza a los imputados para que en el «improrrogable plazo de 72 horas» formulen las alegaciones que estimen oportunas, «pudiendo entregar las mismas hasta el próximo lunes 14 de noviembre de 2011».

Abuso de confianza y deslealtad
Asimismo, la carta especifica que los cargos que Ponce y Pereira desempeñaban «requerían de una mayor y especial honorabilidad y responsabilidad para desempeñar sus funciones, dada su proyección como imagen de la sociedad, por lo que su imputación forma en un procedimiento penal –la Fiscalía pide para los cuatro procesados una multa de 900.000 euros y suspensión de empleo o cargo público durante 21 meses– conlleva que la empresa haya perdido la confianza en usted desde ese instante».

«Los hechos que se les imputan «podrían ser constitutivos de faltas laborales muy graves, consistentes en abuso de confianza y deslealtad a la empresa y transgresión de la buena fe» tipificados en el artículo 58.1 del Convenio.

Revisión de sentencia
El TSJA ha reiterado que el posible despido «no afecta a la presunción de inocencia, porque en el proceso laboral que se celebre no se va a enjuiciar la conducta penal, sino sólo un incumplimiento contractual laboral», subraya Mercasevilla, añadiendo que «llegado el caso de que se absolviera penalmente al sujeto en el futuro, el ordenamiento tiene remedios para ello, pues pueden pedir la revisión de la sentencia desfavorable del pleito laboral que hubiera podido recaer antes».

Y, sea como fuere, casi tres años después de los hechos, los empleados siguen vinculados aún a la empresa.