El PSC rechaza ahora las multas a los comercios que no rotulan en catalán

BARCELONA- La llegada del tripartito a la Generalitat en 2003 propició un endurecimiento de las multas lingüísticas. ERC impulsó un agresivo régimen sancionador a los comercios que no rotulaban sus letreros «al menos» en lengua catalana y, así, comenzaron las multas por delitos como tener un cartel con la inscripción «no se cambian hilos» en castellano y no en catalán. Pues bien, el PSC, inmerso este fin de semana en la redacción de su programa electoral, cree que ha llegado el momento de rectificar esta política después de siete años aplicándola.

Los socialistas apuestan en su borrador electoral por «fomentar» el catalán, pero no desde «la coacción ni el enfrentamiento». «Las sanciones no son una buena práctica para una política lingüística en positivo», dice el documento que debatirá el PSC a partir de hoy en su VIII Conferencia Nacional. La decisión de desmarcarse de las multas lingüísticas supone un nuevo paso del PSC para reconciliarse con el electorado que se identifica más con el PSOE y al que José Montilla trata de despertar en esta campaña electoral.

El Govern, en el banquillo
Las multas lingüísticas han generado numerosas protestas durante los últimos años e incluso han obligado a la Generalitat a sentarse en el banquillo de los tribunales. Fue a principios de este año cuando el empresario Manuel Nevot denunció ante la Justicia las dos sanciones de 400 euros que le impuso la Agencia Catalana del Consumo por no tener el letrero principal en catalán y por no tener otro cartel –en catalán– que avisase de que tenía hojas de reclamación a disposición del público.

La recaudación de la Generalitat de Cataluña por multas lingüísticas en estos siete años ha ascendido a 718.800 euros, a falta de saber cuánto se ha embolsado la Generalitat en 2010.

La número 8 de las listas del PSC, Rocío Martínez-Sampere, aclaró que su partido no se propone cambiar la ley de política lingüística –que establece sanciones–, sino simplemente plantear «otro tipo de medidas» para abordar el fomento del catalán. Sin embargo, avisó de que «si es necesario llegar a ellas (a las multas) se llegará».

El Código de Consumo
Mientras el PSC se desmarcó de las multas lingüísticas, la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo Catalán, que establece sanciones de hasta un millón de euros si no se atiende en catalán, según confirmaron a Europa Press fuentes de la institución.

«Es un tema muy meditado por mi parte y creo que se debe hacer porque lo creo necesario para defender a todos los catalanes y no sólo a un sector de Cataluña», adelantó Cava de Llano, en declaraciones a RNE.

Así, dijo que es «coherente» con las sentencias del Tribunal Constitucional, que ha marcado unas pautas y que le llama la atención que haya administraciones que no acaten estas sentencias. El PP también recurrió el Código de Consumo amparándose en la sentencia del Estatut, que descarta el catalán como «lengua preferente».