La Junta vuelve a desoír a la Cámara de Cuentas en el Presupuesto de 2011

De nada ha servido la seria advertencia que hizo la Cámara de Cuentas a la Junta de Andalucía en su informe de fiscalización del año 2007 para que incluyera en los presupuestos a todas las fundaciones públicas. En el proyecto de Ley presentado públicamente y que ya enfila el trámite parlamentario, sólo vuelven a aparecer dos, ligadas a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social: la Fundación Andaluza de Servicios Sociales (Fass), que tiene asignadas unas transferencias de 167 millones de euros, y la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem), con 34,4 millones.

Cuando LA RAZÓN denunció este oscurantismo en la amplia red de fundaciones públicas, a principios de marzo de este año, la entonces Consejería de Economía y Hacienda –aún no se había disgregado entre Innovación y Administración Pública– esgrimió lo siguiente a este periódico: «La Ley de Hacienda Pública no establece en ningún momento que en el Presupuesto deban integrarse los presupuestos de explotación y capital del sector público. La presencia de Fass y Faisem se debe no a su naturaleza jurídica, sino a que la Ley del Presupuesto establece para estas dos un régimen especial. No obstante, se está trabajando para ir incorporando la totalidad de fundaciones al presupuesto de la comunidad, proceso que no está exento de dificultad técnica y que requiere de un periodo transitorio de adaptación». Sin embargo, ha transcurrido más de medio año y todo un trámite de elaboración de las cuentas públicas sin que se haya avanzado ni un milímetro a favor de la transparencia en este terreno.

La escasa atención del Gobierno andaluz a los dictados de la Cámara de Cuentas se produce en mitad del debate mediático sobre la decisión de la Junta de pedir a este órgano que fiscalice las ayudas a la formación, toda vez que el ex «número dos» socialista, Rafael Velasco, dimitió la semana pasada al trascender que la empresa de su mujer en Córdoba había recibido 730.000 euros en cuatro años.

Por otra parte, la Junta está llevando a cabo una reordenación del sector público, en virtud del polémico decreto 5/2010, que se hará efectiva a partir de enero del próximo año, y que afecta a la red de fundaciones. Algunas de ellas, como la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que recibe subvenciones millonarias de la Administración –estrenó el año con una de 34,4 millones– y que tiene más de 1.600 trabajadores, se integrará en una macroagencia especial del Servicio Andaluz de Empleo.

Esta circunstancia podría explicar que la Junta no incluya en los presupuestos de este año a más fundaciones. Sin embargo, otros muchos entes públicos que se van a ver afectados por la reordenación, como la Empresa Pública de Gestión Medio Ambiental S. A. (Egmasa) –que se fusiona con la Agencia Andaluza del Agua– sí aparecen en las cuentas con su correspondiente desglose de transferencias y subvenciones. De ahí que la oposición denuncie un oscurantismo deliberado en la «administración paralela».