El fiscal pide 67 años para los etarras de la T-4 por querer atentar en Marina dOr

MADRID- Los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola, condenados a 1.040 años de cárcel por el atentado de la T-4 de Barajas, pueden sentarse de nuevo en el banquillo. Los dos terroristas fueron absueltos en mayo de intentar atentar en Azca, el corazón financiero de Madrid. Se trataría, por tanto, del tercer juicio que afrontan desde su detención en enero de 2008. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para cada uno 67 años de prisión por el atentado que pensaban llevar a cabo, en agosto de 2007, en el complejo residencial Marina d'Or, en Oropesa (Castellón). El departamento que dirige Javier Zaragoza les imputa tres delitos de detención ilegal, tenencia de explosivos, tentativa de estragos terroristas y robo (por integración en ETA ya fueron condenados en el juicio de Azca). Según el escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Sarasola y Portu se dirigieron el 24 de agosto de ese año al camping de la localidad francesa de Messanges, donde robaron una autocaravana. A sus ocupantes, un matrimonio de Orio (Guipúzcoa) y su hijo de cuatro años, los trasladaron a una vivienda de Gurs, también en el país vecino, amordazando y atando al hombre y colocando un antifaz a su mujer. Ya en el piso, ataron al matrimonio con una cadena a un somier. Dos días después, los trasladaron en otro vehículo robado (que después quemaron) a un bosque de pinos entre Bayona y Burdeos, donde fueron liberados a la mañana siguiente, tras advertirles de «que al menos durante una hora no se movieran ni pidieran ayuda».Durante ese tiempo, los etarras trasladaron la caravana al interior de la Península, donde fue cargada de explosivos «con la intención de cometer una acción terrorista en el Levante español». Sarasola admitió a la Guardia Civil –según ratificó en el juicio por el atentado de la T-4 el abogado que le asistió en esa declaración– haber participado en ese atentado frustrado. Los terroristas tenían planeado provocar una masacre reproduciendo el método empleado en el aparcamiento de la T-4. Para ello habían llenado la caravana, según un informe del Grupo de Desactivación de Explosivos de la Guardia Civil, con «entre 500 y 1.000 kilos de amonal y pentrita», con una potencia explosiva «de alto riesgo».Pero sus planes se torcieron cuando un vecino sospechó y avisó a la Guardia Civil. Los etarras, temerosos de que les hubiesen descubierto, hicieron estallar la caravana sin ningún aviso previo. El estallido se escuchó a más de diez kilómetros. El matrimonio sufrió estrés postraumático por el secuestro. Ella estuvo 448 días de baja y él, 262. La Fiscalía pide que los etarras les indemnicen con 41.206 euros por los daños materiales, 40.000 por las lesiones y 60 por cada día de incapacidad, más otros 20.000 para su hijo. Además, solicita que se les prohíba acercarse al domicilio de las víctimas durante diez años.