Ofensiva contra la juez de los ERE

SEVILLA- En concreto, la juez ha requerido documentación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para conocer si las «actuaciones e inversiones» superiores a 1,2 millones de euros contaban con la autorización del consejero de Economía y Hacienda. Trámite que Alaya considera «preceptivo» antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Gobierno. Sin embargo, Moreno defiende que es al Consejo Rector de la mencionada agencia al que corresponde dar luz verde, a propuesta de la Dirección General, a las inversiones «cuyo compromiso de pago, gasto o riesgo sea igual o superior a 1.200.000 euros». La Junta se agarra a los estatutos de IDEA y a la Ley General de Hacienda Pública andaluza para defender que las subvenciones de la citada agencia mayores o menores a 1.200.000, no necesitan del permiso de Griñán y no existe sustento legal para exigirlo. Desde ese convencimiento, no dudaron en criticar a la juez por hacer peticiones que «carecen de fundamento jurídico» con el objetivo, voluntario o no, de «dañar» al actual presidente de la Junta. En ese sentido, Moreno exigió «mayor cautela» al tribunal y que «actúe con mesura». La estrategia de defensa del presidente andaluz se completó con el anuncio por parte del PSOE-A de que estudian presentar una demanda civil contra el presidente del PP-A, Javier Arenas, en «protección de su honor», y del de su antecesor, Manuel Chaves. Este último se refirió también a Alaya para poner de relieve que sus autos «tienen lugar en plena campaña electoral». «No descubro nada nuevo bajo el sol», deslizó, como Alfonso Guerra.

Con todo, fuentes judiciales consultadas por LA RAZÓN señalan al límite presupuestario del endeudamiento como una posible vía de salida de la juez.