Negociaciones hasta última hora

MADRID- Las comunidades autónomas han estado sometidas hasta horas antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a una sobrepresión fiscalizadora por parte del Ministerio de Hacienda. El objetivo era resolverlo todo bajo cuerda para conseguir un compromiso de fuertes recortes del gasto público bajo la amenaza de la intervención. Y ya con las cifras de los ajustes en la mano, al mismo tiempo salvarles la cara en la medida de lo posible para no perjudicar aún más la confianza en su solvencia de los mercados y de los inversores.

El Ejecutivo es consciente de que el suspenso las dejaba colgando del alambre en una situación ya crítica. De hecho, algunas están colocando su deuda a un interés semejante al de países rescatados como Portugal. Y esas dificultades extremas explican también las presiones de las comunidades sobre Hacienda, con las del PP a la cabeza, para conseguir un aprobado que las permitiese ganar tiempo. La negociación «in extremis», que el jueves por la noche todavía seguía en proceso, la han tutelado la Secretaría de Estado de Prespuestos y la de Administraciones Públicas, que se distribuyeron las comunidades para hacer un seguimiento exhaustivo de cada partida y de cada apunte de su plan de consolidación fiscal. Una negociación «puntillosa» y «agotadora», explicaba anoche un presidente autonómico del PP. «Nos han vuelto locos». Ésa ha sido, precisamente, la estrategia del Gobierno: la de noquear al adversario por tierra, mar y aire, teniendo la espada en la mano.

La amenaza de intervención se aparca, pero a la vez las comunidades han tragado con la exigencia de que mes a mes presenten pruebas del cumplimiento de sus ajustes. Si fallan, se les dará un plazo de otro mes para que corrijan los desequilibrios y, en caso contrario, de nuevo volverá sobre ellas la espada de Damocles de la intervención. En teoría no están intervenidas, como le ocurre a España, pero también como le sucede a España con respecto a Bruselas, cada una de sus decisiones está supervisada y vigilada. Ellas han cedido en sus recortes y el Ejecutivo les ha dado el oxígeno que reclamaban para intentar recomponer su imagen ante la UE y ante los mercados.

En el caso andaluz, el Gobierno tiene serias dudas sobre su déficit y su deuda. Y en ello justifican el ajuste extraordinario de unos 220 millones de euros que ayer Andalucía acabó aceptando sobre la marcha para no irse a casa sin el aprobado. Al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) llegó con un suspenso, que su consejera, Carmen Martínez Aguayo, consiguió levantar asumiendo nuevas exigencias. Fuentes del Ejecutivo reconocen que la caída de Andalucía les colocaba en una situación complicada. Su condición de bastión socialista añade un componente político a un pulso que ya de por sí ha sido bastante difícil de gestionar. Sobre todo cuando otras comunidades suyas, como Valencia, también partían de una situación «muy mala».