Periodista mexicano vivo

Ya se hizo costumbre portar todos los días el chaleco antibalas que recibió desde hace dos años. Casi de manera rutinaria cuida lo que dice por teléfono y analiza cada una de las invitaciones de amistad que le llegan a su cuenta de Facebook. También aprendió a variar las rutas de su casa al trabajo y viceversa, tal y como le adoctrinaron en un curso de cuidado personal impartido en el periódico donde trabaja. «Nos han tirado balazos, nos han llevado cabezas humanas, nos han dejado cajas llenas de droga», dice con la naturalidad que se le arraigó por la costumbre de ver actos de violencia todos los días. Ser periodista en el norte de México se ha convertido en un oficio de «peligro extremo».

Desde la ciudad fronteriza de Tijuana, Omar Martínez relata que se inició en la fotografía hace 11 años. Desde hace tres comenzó a captar las imágenes de una guerra que no parece tener fin: la lucha contra el narcotráfico. «El 2009 fue el año más cruel en la historia de Tijuana, ya que todos los días había de seis muertos para arriba. A mí me tocó tres veces estar en medio del fuego cruzado».

Casi como si hubiera ocurrido ayer, de entre las anécdotas que parecen propias de un corresponsal de guerra, recuerda la imagen más impactante que logró captar con su lente: un grupo de niños que salían corriendo de un «kínder» en medio de un tiroteo que duró casi seis horas en diciembre de 2008. «Agáchense y corran», gritaban aterrorizadas las maestras mientras un grupo de militares protegía a los infantes. Omar cuenta sobre otra refriega que acabó con cuatro policías muertos, cuenta de cómo la adrenalina se impone para que no le tiemble la mano cuando toma fotografías y cuenta también de cuando las personas que archiva en sus imágenes aparecen muertas varios días después.

Mientras el Gobierno mexicano lucha contra el narco, los periodistas pelean por informar y sobrevivir en el campo de batalla. Las amenazas son como «una línea editorial para los medios de comunicación», explica Omar. «Es como si dijeran: si te metes en este tema ya sabes lo que te puede pasar. Y lo han logrado, porque ya no veo ese periodismo de meterte a fondo. Simplemente te vas con el parte policial», concluye. Y un informe del Centro de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), le da la razón.

De acuerdo con un reporte titulado «Silencio o muerte en la prensa mexicana» elaborado durante 2010, el crimen organizado «controla desde la Policía hasta la entrega de permisos para vendedores ambulantes» en varias ciudades fronterizas de México. «También controla la Prensa. Muchos reporteros aceptan sobornos para manipular la información y excluir la cobertura», señala el documento. Aunque esto se explica por los salarios que reciben en la mayoría de los casos: un promedio de cuatro mil pesos mensuales, poco más de 200 euros.

Censura e impunidad
La mancha de silencio que atenaza el periodismo parece extenderse inevitablemente. Al menos en nueve de las 32 entidades federativas que conforman el territorio mexicano (un 35 por ciento del total de la superficie del país), la Prensa ha comenzado a dejar sin voz a la sociedad. Son estimaciones de la Red de Periodistas de a Pie, una organización creada en 2006 para la profesionalización del oficio periodístico, pero que a principios de 2008 tuvo que involucrarse en temas de seguridad cuando la realidad saltó encima. Su cofundadora, Elia Baltazar, sostiene que un ejemplo del bajo perfil que han adoptado los medios de comunicación es el reciente asesinato de una bloguera en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

María Elizabeth Macías, jefa de redacción del diario «Primera Hora», tenía 39 años. Hace una semana se convirtió en estadística: la novena muerte de un comunicador durante 2011. Los criminales la decapitaron. Su cuerpo fue hallado el pasado 24 de septiembre con un mensaje que relaciona su crimen con la actividad periodística que ejercía en redes sociales. Al día siguiente el periódico para el cual trabajaba no se atrevió a publicar la noticia de su muerte.

«Nuestra mayor preocupación es la impunidad», dice Elia. Y no se equivoca, porque ninguno de los casos de periodistas que perdieron la vida en los últimos diez años por desempeñar su labor ha sido resuelto. «Mientras en los países con normalidad democrática los
comunicadores están preocupados por mejorar para hacer investigaciones de casos de corrupción, para vigilar al poder político, en México peleamos porque no los maten. Estamos viendo cómo evitar que los desa-parezcan», señala.

Entre el incremento de la violencia causada por los grupos criminales y la poca respuesta que se percibe por parte de las autoridades, lo que le queda a los comunicadores es inventarse protocolos de seguridad. Varias organizaciones han comenzado a ofrecer cursos de emergencia para el uso adecuado de las redes sociales y para tomar medidas de protección personal.

El informe del CPJ refiere que el sistema de justicia mexicano no ha tenido éxito en las investigaciones de los crímenes contra la Prensa: «Se encontró negligencia en el trabajo de ministerios públicos y policías estatales. En varias ocasiones, las autoridades han utilizado métodos ilegales, incluyendo la coerción de testigos y la fabricación de evidencia. Hay complicidad entre la Policía y los delincuentes».

Lo que ocurre es que un periodista en México desconoce si está en lugar seguro. «El problema es que no sabe dónde están las trincheras ni de dónde vienen los golpes. Hay demasiados bandos, demasiados cuarteles. Es la incertidumbre total», comenta el reconocido caricaturista Rafael Pineda, conocido como Rapé, quien tuvo que tomar decisiones dramáticas después de recibir amenazas en Veracruz.

Autoexilio con sabor a miedo
Es como si el miedo se hubiera convertido en parte del oficio periodístico. Un miedo que no encuentra desahogo ni consuelo, porque «no confío en las autoridades», expresa Rapé con un dejo de sinceridad. Su historia, que parece repetirse en otras geografías con circunstancias similares, comenzó en una mañana lluviosa cuando salía de su casa en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Subió a su coche. Accionó los limpiaparabrisas. De repente, el terror revelado por el espejo retrovisor. En el cristal trasero una palabra: ¡Calladito!

Siguió el encierro en casa. La sensación de temor. El repaso de cada una de las caricaturas publicadas, donde critica a políticos y cuestiona la seguridad en Veracruz. Llegó la decisión de marcharse. Empacó maletas y se fue a la ciudad de México para asesorarse. «No confío en nadie y por lo mismo he tratado de ser cuidadoso en lo que digo y a quién se lo digo». No sabe si la amenaza vino de los narcos o del Gobierno.

Rapé dice estar acostumbrado a recibir ofensas en épocas electorales, pero nunca había percibido tanta cercanía en las advertencias. «Hay algunos colegas que creen que es un acto de cobardía no atreverme a seguir ejerciendo mi labor sin miedo, pero es que no es fácil ver un mensaje así», confiesa. Los reporteros, añade, no sólo se enfrentan a la violencia de las organizaciones criminales, sino a las presiones de los gobiernos.


Peor que en una guerra tradicional
La realidad del periodismo mexicano se refleja en las cifras. Tan sólo este año suman nueve asesinatos de comunicadores cometidos por el crimen organizado. Un total de 75 se han registrado desde el año 2000. Se han contado 14 desapariciones de reporteros en los últimos cinco años. Los casos más recientes son los de Daniel Flores Guillén y Manuel Gabriel Fonseca Hernández, ambos del diario «El Mañanero» de Acayucan, Veracruz. No se sabe nada de ellos desde hace dos semanas. En total, 22 medios de comunicación han sufrido algún tipo de ataque en sus instalaciones. Para Fernando Batista, Visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo que funge como abogado del pueblo, los datos reflejan los niveles de impunidad que existen en México y hacen evidente que las autoridades encargadas de la impartición de justicia no están realizando su trabajo de manera eficiente. En la imagen, nota que dejaron junto al cuerpo decapitado de la periodista María Elizabeth Marcías.