Impuestos y demagogia

El cabeza de lista electoral del PSOE ha anunciado que pedirá al Gobierno la recuperación del Impuesto del Patrimonio, petición que según todos los indicios será urgentemente atentida en el Consejo de Ministros de esta misma semana. Como candidato, Rubalcaba es muy dueño de proponer y de prometer a los electores cuantas medidas le parezcan convenientes, por más que muchas de ellas entren en contradicción con su gestión como ministro; allá él con su mermada credibilidad y fiabilidad. Pero el que no puede prestarse a tales juegos demagógicos es el Gobierno de la nación, cuyo deber primordial es velar por el interés general, no por el particular del PSOE. Si, como parece, este viernes da marcha atrás y restablece un impuesto que suprimió con buena lógica en 2008, cometerá varios errores e incumplirá una promesa electoral. En efecto, el PSOE ganó las elecciones de 2008 con un programa en el que figuraba la supresión del Impuesto del Patrimonio. La argumentación era impecable: «Es un impuesto absurdo que castiga a las clases medias, penaliza al ahorro y casi no existe en la UE». En palabras de Zapatero, su supresión garantizaba «la igualdad de los españoles». Nada más cierto, pues el citado impuesto grava por segunda vez la misma renta que ya tributó en el IRPF. ¿Qué poderosas razones existen para que ahora un Gobierno en su agonía final incumpla su promesa electoral y se desdiga de arriba a abajo? Sólo una: ponerse a disposición de la campaña electoral de Rubalcaba, que necesita hacer guiños a la izquierda y a los «indignados» con medidas populistas y demagógicas como subir los impuestos «a los ricos» y a los bancos, cambiar la ley hipotecaria en línea con las demandas del 15-M, perseguir a los empresarios, etc. Sin embargo, no le será fácil al Gobierno ni al candidato socialista seducir tan fácilmente a un electorado de izquierdas escarmentado y frustrado tras siete años largos de gestión socialista. Entre otras cosas porque la recuperación real y efectiva del Impuesto del Patrimonio no es tan sencilla por mucho empeño que ponga el Consejo de Ministros. De entrada, su recaudación no se hará hasta el ejercicio 2013, lo que desmonta la falacia de Rubalcaba de que empleará ese dinero para combatir urgentemente el paro juvenil. Pero es que además el Impuesto del Patrimonio está transferido a las comunidades autónomas y son éstas las que deciden si lo bonifican al 100%, como es en el caso de Madrid. Es verdad que el Gobierno central puede exigir que se cobre un mínimo, pero eso obligaría a cambiar la ley de financiación, lo que es inviable en este epílogo de legislatura. Por tanto, la maniobra electoral puesta en marcha al alimón por Rubalcaba y el Gobierno es una falta de respeto a los ciudadanos por varios motivos: porque se hace ahora todo lo contrario a lo que se les prometió en 2008; porque ese impuestro obsoleto perjudica a la mayoría de los contribuyentes y ahorradores; y porque se trata de un burdo ardid electoral, pues en realidad depende de la voluntad de los gobiernos autonómicos. El Gobierno de la nación no debería rebajarse en sus últimos días a cometer una equivocación tan palmaria.