ERE

La Junta andaluza aumentó hasta cuatro veces el «fondo de reptiles»

Pese a las advertencias de la Intervención General de que la Consejería de Empleo y el IFA –hoy Agencia IDEA– estaban tramitando ayudas «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», el Consejo de Gobierno aprobó hasta cuatro modificaciones presupuestarias en los ejercicios de 2005, 2006, 2007 y 2008 para incrementar la partida que financiaba los ERE.

José Antonio Griñán, ayer, en los jardines del Parlamento de Andalucía
José Antonio Griñán, ayer, en los jardines del Parlamento de Andalucíalarazon

SEVILLA- Según refleja la cuenta general de los mencionados ejercicios presupuestarios hecha pública ayer por el PP, el total ascendió a 17.988.050 de euros aprobados en la reunión semanal del Gobierno andaluz, con Chaves como presidente y Griñán como responsable de Economía y Hacienda.
El primer Consejo de Gobierno fue el de diciembre de 2005 y la modificación de crédito para destinarlo al programa 31L –con el que se pagaban los ERE– fue de 799.895,97 euros. En el de 7 de noviembre de 2006 la cifra ascendió a 9,3 millones; el 27 de noviembre de 2007, 7,44, y el 22 de diciembre de 2008, 439,650. Las cantidades llegaban a IDEA mediante transferencias de financiación.

No todas las modificaciones presupuestarias tienen que pasar por la reunión de los martes del Ejecutivo. El PSOE-A apuntó que deben contar con un informe de la Intervención, aunque esta aprobación sólo se refiere a la disponibilidad de crédito, sin entrar en su destino.

¿Conocían los consejeros los reparos del máximo órgano de control y aun así siguieron inyectando dinero a ese fondo? Ésa es la pregunta que suscitó la polémica ayer durante el Pleno del Parlamento de Andalucía. El líder del PP-A, Javier Arenas, le reprochó a Griñán que el escándalo de los ERE «no terminaba en una dirección general, sino que empezaba y terminaba en el Consejo de Gobierno con Chaves y con usted». Calificó de «gravísimo» que no se tomaran medidas e incluso se aventuró a calificar la posible responsabilidad legal derivada de la actuación de ambos: «La juez lo califica como pasividad ante la probabilidad de menoscabo de fondos públicos».