Las FARC anuncian la liberación de cinco secuestrados

Los secuestrados son el mayor de la Policía Guillermo Solórzano, el cabo del Ejército Salín Sanmiguel y el infante de Marina Henry López Martínez, además de Marcos Vaquero y de Garzón Huila Armando Acuñalos, concejales de la localidad de San José del Guaviare, "estos últimos investigados por las FARC por corrupción".

Los rebeldes exigen nuevamente al Gobierno colombiano que avale la participación de Córdoba en los operativos humanitarios que deberán ser desplegados para ir a buscar en un punto de la selva a estos cinco rehenes.

"La decisión está tomada y la fecha dependerá de las garantías que otorgue el gobierno para que la senadora Córdoba pueda recibir a los que serán liberados", reza el texto divulgado por la agencia ANNCOL, medio utilizado por los subversivos para publicar sus comunicados.

El Ejecutivo de Juan Manuel Santos aún no ha respondido a este nuevo anuncio de la guerrilla de izquierdas, pero la posibilidad de que Córdoba vuelva a formar parte de un operativo de rescate podría verse truncada ante el hecho de que la ex legisladora fue inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos, precisamente, por su supuesta vinculación con este grupo armado.

Las FARC tienen en su poder a 19 uniformados que pretenden intercambiar por guerrilleros presos en el marco de un eventual canje humanitario. Algunos de los rehenes tienen más de una década en su poder.

La última entrega unilateral tuvo lugar el pasado marzo cuando las FARC liberaron al militar Josué Daniel Calvo y al cabo Pablo Emilio Moncayo, éste último tras más de 12 años de cautiverio. En ese momento los rebeldes advirtieron de que no entregarían a más secuestrados hasta que el Gobierno no autorice el intercambio humanitario.

En los últimos tres años un total de 14 rehenes -ocho políticos y seis militares y policías- han sido entregados mediante operativos humanitarios encabezados por Córdoba, que han contado con la colaboración de la Iglesia Católica y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las FARC han intentado convencer al gobierno para que acceda a las negociaciones, con miras a lograr la excarcelación de importantes líderes guerrilleros como Simón Trinidad. En este nuevo comunicado, subrayan que insistirán en su "lucha por el canje de prisioneros de guerra".

Solidaridad con Córdoba
La carta divulgada este miércoles forma parte del llamado "intercambio epistolar"que mantienen desde hace algún tiempo con Córdoba, a quien han expresado su "solidaridad incondicional frente al brutal atropello de la Procuraduría General"que la inhabilitó por 18 años para ejercer cualquier cargo público.

Esta decisión "constituye una paradoja que los funcionarios delincuentes que la espiaban para incriminarla, ahora huyan hacia el exterior intentando burlar la acción de la justicia", denuncian los guerrilleros.

Las pruebas contra Córdoba fueron sustraídas de ordenadores incautados a líderes de las FARC abatidos en operativos del Ejército colombiano. Esta "miserable"decisión se sustenta, según los rebeldes, "en los supuestos datos de un computador, que no pueden constituir prueba jurídica, porque fueron previamente manipulados por la Policía, violándose así la cadena de custodia".

El Secretariado del Estado Mayor Central aclara que no se puede hablar de un proceso de "FARC-política"porque "nunca hemos orientado votar por Piedad Córdoba"ni tampoco han "participado en debates electorales".

"La sanción contra Piedad Córdoba es inmoral e injusta, prejuiciada, y dictada por los más aviesos intereses políticos", insisten. Colombia "no puede permitir que se abra paso la absurda criminalización de la búsqueda de la solución política del conflicto", resalta la carta.