Caracas

El justiciero Chávez

El caudillo venezolano pide una corte internacional a su medida y desoye a la OEA por anular el veto a un opositor

Chávez, el pasado sábado, durante la ceremonia de bienvenida al presidente boliviano Evo Morales en Caracas
Chávez, el pasado sábado, durante la ceremonia de bienvenida al presidente boliviano Evo Morales en Caracaslarazon

BUENOS AIRES- A Hugo Chávez le falta un «juguetito»: una corte internacional con la que pueda legitimar fuera de Venezuela sus delirios de emperador. El líder caribeño quiere un tribunal que suplante al de la Organización de Estados Americanos (OEA). El que ya existe, calificado por el caudillo bolivariano como «un cero a la izquierda», habilitó la candidatura de un antichavista. «Debemos seguir pariendo nuestra nueva institucionalidad. Unasur debe tener una Corte de Derechos Humanos, como debe tener una Corte Electoral, un Consejo de Defensa y el Banco del Sur», declaró Chávez después de que se conociera la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la OEA, de exigir al régimen venezolano el levantamiento de la inhabilitación sobre Leopoldo López, un joven líder opositor.

No es la primera vez que Chávez impulsa organismos paralelos. De hecho, la creación en 2004 de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) creada para unir a Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela, fue pensada por Chávez como una alternativa a la fracasada Área para el Libre Comercio de las Américas, ideada por EE UU.

Aunque según la legislación internacional, el régimen chavista está obligado a acatar la sentencia de la Corte, Chávez pidió al Tribunal Supremo que se pronuncie sobre «la aplicabilidad» de la sentencia.

López, de 40 años, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos en 2005, cuando era alcalde del Chacao, un rico municipio de Caracas, al ser acusado de corrupción por la Controlaría General, un órgano estatal que supervisa las finanzas públicas. Pero la Corte Interamericana ordenó dejar sin efecto la decisión al juzgar que la inhabilitación de todo político sólo puede ser decidida por un tribunal y mediante un juicio, y avaló el derecho del político a inscribirse como candidato en cualquier proceso electoral.