El PP avisa de que hay base legal para frenar el fraude con Eusko Alkartasuna

El PP eleva su presión al Gobierno con la exigencia de que Batasuna no se cuele en las elecciones. Con la vía Sortu más o menos encauzada en el plano político con los informes policiales en los que el Gobierno sustentará su demanda ante el Tribunal Supremo, ahora los populares miran ya hacia el «plan B», las agrupaciones electorales, y hacia el «plan C», la integración de personas próximas a la izquierda abertzale en las listas de EA

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Rajoy calificó ayer de «buena noticia» los informes policiales que confirman la conexión Batasuna-Sortu, pero al mismo tiempo el PP añadió un nuevo elemento a su discurso, el de que hay base legal suficiente para evitar fraudes por cualquier otra vía. Desde el País Vasco el presidente regional, Antonio Basagoiti, recordó que el vicepresidente Rubalcaba proclamó en el Congreso hace unos meses que existían los instrumentos legales necesarios para evitar que Batasuna vuelva de una manera o de otra a las instituciones. Y tanto Rajoy, como la portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, o el coordinador de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo, instaron a Rubalcaba a estar muy pendiente de las otras trampas que los terroristas puedan utilizar. Génova admite «sotto voce» que la situación exige prudencia y que está obligada a mantener la confianza en el Gobierno, pero también está en alerta por si éste tiene la tentación de escudarse en la Justicia o en las dificultades extras que implican el «plan B» o el «plan C» batasuno. Por cierto, Trillo ratificó ayer que el PP no tiene ninguna prueba para sostener que hay una negociación del Ejecutivo con ETA, frente al diagnóstico que sigue manteniendo Jaime Mayor Oreja. Trillo también adelantó que el PP, como parte personada en la causa del «chivatazo» de ETA, baraja pedir nuevas imputaciones. En su conferencia, desgranó algunas de las medidas que incluye la alternativa de Rajoy en materia de Justicia, entre ellas, por ejemplo, la reforma del Estatuto de Jueces y Magistrados para que quienes hayan participado en tareas políticas estén inmersos en una causa de recusación objetiva sobre cualquier asunto relacionado con los partidos y que se limite temporalmente por ley a cinco años el mandato de los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional. Parece que el PP no quiere más «garzones».