Freno al Estado de Alarma

El Gobierno mantiene una escrupulosa reserva sobre si prorrogará el Estado de Alarma decretado el pasado 4 de diciembre. El ministro José Blanco anunció ayer que será mañana, ante los diputados presentes en la Comisión de Fomento del Congreso, cuando responda a todas las interrogantes. Da la impresión de que el Ejecutivo se mantiene en una vacilación permanente hasta el último minuto sobre cómo reconducir un conflicto que jamás debió llegar a esta situación, y que provocó la crisis aérea más grave que ha sufrido España. La falta de certidumbres y las sospechas de que de nuevo la situación deambula en el alambre de la improvisación agudizan la percepción de que el Gobierno no sabe cómo salir del apuro y teme unas vacaciones navideñas con sobresaltos en los cielos. La realidad es que, tras el motín de los controladores y su indiscutible y grave responsabilidad en el colapso que atrapó a cientos de miles de personas de la que tendrán que responder, estamos prácticamente como estábamos no ya el 4 de diciembre, sino en febrero con el decreto llamado a dar la puntilla a la rebeldía de los controladores o, si se apura, en 2004, cuando el Ejecutivo denunció el convenio colectivo, origen del contencioso. Seis años malgastados y de ineficiencia con supuestas soluciones improvisadas en tres decretos en el último minuto para recurrir finalmente al Ejército.

José Blanco, desde luego, tiene mucho que explicar. Todo lo que el presidente del Gobierno fue incapaz en su comparecencia en el Congreso sobre la negociación del nuevo convenio, la homologación de los controladores militares, la frustrada contratación de controladores en el mercado internacional o los procesos de formación de los nuevos profesionales. Pero sobre todo tiene la obligación de zanjar una medida de excepción que fue adoptada, no lo olvidemos, en respuesta a un conflicto laboral como hay tantos en la Administración.

Entendemos que el Gobierno, en general, y José Blanco, en particular, deben ser conscientes de que el Estado de Alarma no es una iniciativa más sin mayores consecuencias o alcance. No es así. Estos días, en los que se ha conocido además por informaciones de LA RAZÓN que el Gobierno tenía infiltrados entre los controladores y que pudo poner en marcha una negociación urgente en vez de recurrir a medidas de excepción, han crecido las dudas constitucionales sobre la conveniencia de la aplicación del Estado de Alarma, previsto para hacer frente a catástrofes naturales, crisis sanitarias o severo desabastecimiento de productos básicos, lo que parece no encajar con lo acontecido. En cuanto a la militarización de los controladores sólo estaría contemplado constitucionalmente en el Estado de Sitio.

El PP ya anunció que es muy dudoso que se sume a la ampliación de esta situación «excepcional» en la que se limitan derechos constitucionales y se requiere la salvaguarda del Poder Judicial. No existen argumentos que sostengan la prórroga de un instrumento lesivo para la normalidad democrática, más allá del temor de un Gobierno incapaz de afrontar con éxito una negociación laboral y sindical por complicada que sea.