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Valencia
El doble lenguaje del PNV: condena a ETA y da ayudas a los familiares
Seis de octubre: el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, retaba a los integrantes de la plataforma Adierazi –constituida por la izquierda abertzale– a que pongan el derecho a la vida «por delante de todo los demás» y convoquen una manifestación en contra de la organización terrorista ETA
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Tan sólo 24 horas antes, en la comisión de servicios sociales del ayuntamiento peneuvista de Lazcano, se aprobaba una partida de 160 euros mensuales a la madre de la etarra Anitz Eskisabel para ir a visitar a su hija, que se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Salamanca.
El consistorio guipuzcoano, gobernado por el PNV con ocho concejales y uno de IU, sacó adelante la medida gracias a los votos a favor de los peneuvistas. Sólo contó con el voto en contra del concejal del PP, que cuenta con un representante, ya que los concejales de IU (uno) y el PSE (tres concejales), se ausentaron ese día. Ahora simplemente falta que la partida sea ratificada por la Junta de Gobierno.
Tras la aprobación de esta medida, el concejal del PP, Javier M. González, se reunió con el alcalde del municipio, Patxi Albisur, al que le traslado su total desacuerdo. Ante esto, Albisur le aclaró al edil popular que «la madre no tiene la culpa de lo que haya podido hacer su hija» y le remitió a la ordenanza municipal del año 2006 para justificar la decisión. Una ordenanza que plantea conceder ayudas económicas a los familiares de los presos del pueblo; una ordenanza que, a pesar de haber sido solicitada por el concejal del PP, el alcalde no le ha facilitado aún.
González considera una «vergüenza que el PNV subvencione los viajes de los presos» y le instó a retirar inmediatamente dicha ordenanza municipal. «Es un insulto a las víctimas del terrorismo. Parece que a los etarras se les premia para que los familiares vayan a verles, cuando hay miles de víctimas a las que no se les concede ni un euro para visitar a sus seres queridos que están en el cementerio».
Pero ésta no es la primera vez que el municipio de Lazcano recibe una solicitud de este tipo para su vecina Anitz Eskisabel. La izquierda abertzale no dudó en pedir el 15 de enero del año 2009, entre otras cosas, que el Ayuntamiento asumiera «los gastos que el juicio» ocasionara a su vecina Anitz y a su familia, petición que en ese momento fue rechaza por el consistorio.
Anitz Ezkizabel, perteneciente al aparato de «captación de etarras», integrada en puestos de responsabilidad dentro de la estructura de reclutamiento de nuevos activistas, era «los oídos y la boca de ETA, la gente que hace que ETA pueda seguir matando y que se nutra de gente no fichada por la Policía», según indicó la Fiscal.
Antiz fue detenida en febrero del pasado año 2005 y juzgada y condenada el 10 de julio de 2009. Esta sentencia fue confirmada posteriormente por el Supremo el 16 de julio de 2010, condenándola a seis años de cárcel al considerar probado facilitaban información sobre posibles objetivos o daba ayuda a miembros de la banda huidos, rechazando así lo recursos de casación impuestos por su defensa.
«Los oídos y la boca» de los terroristas
- Anitz Eskisabel fue detenida en febrero del pasado año 2005 en una importante operación policial en la que fueron arrestadas un total de 14 personas en el País Vasco, Valencia y Cádiz.
- Fue condenada a seis años de cárcel por ayudar a huidos de la banda o facilitar información sobre posibles víctimas y objetivos.
- Formaba parte del aparato de «captación» de futuros terroristas y de ella han dicho que era «los oídos y la boca de ETA». Gracias a ella, en las filas de la banda entraban nuevos miembros no fichados por los agentes.
- Ocupaba, dentro de dicho aparato, puestos de responsabilidad con acceso a todo tipo de información.
El Supremo sentó las bases para anular las subvenciones
- Fue el pasado mes de enero cuando el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se consideraban irregulares las ayudas que el anterior Gobierno vasco concedía a los familiares de presos etarras en otras regiones.
- El Alto Tribunal, que resolvía así el recurso del anterior Ejecutivo vasco, consideraba que el reparto de esos fondos suponía un «exceso» en el ejercicio de sus competencias.
- El Gobierno de Ibarretxe alegó que el Estatuto de Guernica les reservaba las competencias en materia penitenciaria, a lo que el Tribunal respondió dicha transferencia que aún está pendiente de aprobación.
- Además, el Supremo recalca que no puede aplicar ningún programa de ayuda a personas presas en otras comunidades.
- El Gobierno de Patxi López ya las eliminó de los Presupuestos de 2010, aunque no pudo evitar que se concedieran las de 2009.
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