Mejoras en la celda para Macapagal Arroyo

La portavoz policial del distrito sur de Manila, la inspectora Jenny Tecson, reveló que han adecuado la biblioteca y la sala de prensa de la comisaría para acomodar a la exmandataria, en el caso de que la Justicia dictamine mañana su salida del exclusivo Centro Médico de Saint Luke, donde está ingresada por una rara enfermedad ósea.

Tecson anunció las compras de una cama para reemplazar al camastro actual y un aparato de aire acondicionado para refrescar la habitación de unos 18 metros cuadrados, con baño incluido. La salud de la expresidenta ha empeorado con los últimos acontecimientos, desde que el tribunal regional de Pasay emitiese el viernes una orden de arresto contra Arroyo por presunta manipulación de las elecciones legislativas de 2007, según sus médicos y allegados.

Ferdinand Topacio, uno de sus abogados, advirtió hoy de que su cliente padece diarrea por una infección, sufre de hipertensión y recibe hidratación intravenosa, porque se niega a comer al haber desarrollado "una forma de anorexia"desde la semana pasada. La expresidenta, de 64 años, ha sido en los últimos meses una habitual del Saint Luke, anunciado como "uno de los mejores hospitales del mundo", en donde ha sido operada tres veces de la columna vertebral.

Fuera del edificio, miembros del partido Bayan Muna, en la oposición durante el mandato de Arroyo (2001-2010), organizaron hoy una manifestación pacífica para denunciar el trato privilegiado que a su juicio recibe Arroyo. Algunos de los manifestantes pronunciaron proclamas o denunciaron los malos tratos y abusos que sufrieron durante la administración anterior, hasta que la Policía les ordenó retirarse y disolverse.

"Nosotros no hemos querido que vengan a manifestarse nuestros partidarios porque peligraría su integridad física", replicó Topacio cuando fue preguntado por las protestas..
Topacio y otros letrados presentarán a primera hora del lunes un recurso contra la orden de detención en los juzgados de Pasay y en el Tribunal Supremo, institución esta última donde Arroyo aún cuenta con aliados, lo ocho magistrados que nombró antes de acabar su mandato, el 30 de junio de 2010.

El Supremo se ha enfrentado varias veces al Gobierno del presidente, Benigno Aquino, la primera en 2010 cuando declaró inconstitucional la iniciativa de la Comisión de la Verdad y la última esta semana cuando autorizó el viaje al extranjero de Arroyo. La Comisión Electoral acusó formalmente a Arroyo de fraude en las elecciones legislativas de 2007 el viernes pasado y con estos cargos se emitió la orden de detención el mismo día, medida con la que el Gobierno sorteó el permiso del Supremo y volvió a cerrar la puerta para el viaje al extranjero de Arroyo.

La exjefa del Estado tiene abiertos en su contra otros seis procesos judiciales, uno de ellos por el contrato que firmó en 2007 con la empresa de comunicaciones china ZTE para la construcción de una red nacional de internet de alta velocidad, que presuntamente estaba sobrevalorado en 200 millones de dólares (148 millones de euros), de los 329 millones del presupuesto total.

Así mismo, está acusada de fraude fiscal en la venta de los terrenos de un antiguo aeropuerto a una empresa privada y de financiar las campañas electorales en 2004 y 2007 con fondos públicos. Su marido, el empresario Jose Miguel Arroyo, también es investigado en varios casos, como en la venta que hizo a la Policía de unos helicópteros de segunda mano que cobró como si fuesen nuevos. Hasta el momento, ninguna de las imputaciones contra la expresidenta y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.