Castilla y León
Silván garantiza que no habrá recortes para la «función social» del transporte
El sector en Castilla y León implica a 17.000 empresas y da empleo directo a más de 52.000 personas.
El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, ha garantizado hoy en León que la «función social» de los mecanismos de transporte en la Comunidad no se verá afectada por los recortes de la administración autonómica, debido a la incidencia de la crisis económica.Silván, que ha participado en León en la reunión de los directores generales de Transporte del Ministerio de Fomento y de las Comunidades Autónomas, ha comentado que la crisis ha afectado al sector productivo relacionado con el transporte, aunque proyectos como el Transporte a la Demanda están garantizados.En este sentido, ha comentado que lo que la Junta de Castilla y León «está pretendiendo y está consiguiendo» es la reordenación de este sistema de transporte en el medio rural para que se puedan reducir gastos «sin que el servicio se resienta». Este encuentro de responsables del Estado y de las autonomías ha pretendido trasladar experiencias para superar el «momento de dificultad» provocado por la crisis que también ha afectado al sector y al «mantenimiento y creación de empleo».En el caso de Castilla y León, el consejero de Fomento ha destacado precisamente el proyecto de Transporte a la Demanda en el ámbito rural, así como la adaptación y ordenación de la normativa para darle continuidad y poder prestar servicio de transporte de viajeros en los pueblos «eficaz y moderno» hasta el año 2019.No obstante, Silván ha destacado también ese «carácter social» del transporte al que ha aludido que garantiza la «accesibilidad y la movilidad» de los ciudadanos, por lo que considera que se trata de un sector con una «magnitud lo suficientemente importante» como para que las administraciones estén «empujando e impulsando» el servicio.Por otro lado, los directores generales de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas han analizado en León las medidas conjuntas para la liberalización del sector, que está sujeto «en los últimos tiempos» a las directivas europeas.
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