Iguales ante la Ley

L a imagen de Baltasar Garzón, el magistrado mediático por excelencia, sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo es un buen ejemplo de la existencia de una justicia igual para todos. Corresponde al Tribunal considerar todas las pruebas del caso y determinar la culpabilidad o la inocencia de Garzón, pero ya la vista del juicio aporta en sí misma una bocanada de legalidad democrática por encima de intereses ajenos a la Justicia. Pocos como Garzón han podido ejercer hasta el máximo sus garantías procesales. En su calidad de jurista y conocedor de los entresijos judiciales, y en su faceta de hombre público y detentador de causas con gran aceptación popular, Baltasar Garzón ha gozado de una buena base de partida a la hora de estructurar su defensa. Incluso recusó con éxito a muchos de los magistrados encargados de la causa y, ayer mismo, lo intentó de nuevo con dos de los jueces. El hecho de que, finalmente, el Supremo determinase que el magistrado debía ser juzgado no prejuzga su culpabilidad, pero sí revela que el trabajo de los magistrados ha sido minucioso, equilibrado y a prueba de recurso, ya que si alguien ha gozado de todas las garantías posibles en un proceso judicial ése es Baltasar Garzón. Sin olvidar que la Fiscalía, dirigida durante años por Conde-Pumpido, designado por el Ejecutivo socialista, decidió no presentar acusación y trató de que la causa quedase archivada. La presencia en la calle, frente al tribunal, de partidarios del magistrado reclamando «justicia democrática» y con gritos de «inocente» no beneficia en modo alguno al acusado. Precisamente es este tipo de apoyo mediático lo que puede haber hecho perder los papeles a Garzón. Un juez está obligado a velar por la legalidad y por los derechos de acusados y acusadores en la causa que instruye, y no puede aducir razón alguna para vulnerar los derechos de un supuesto delincuente. Mucho menos puede ordenar la escucha indiscriminada de las conversaciones de un presunto autor de un delito común con su abogado defensor. Afortunadamente no existe en España la «justicia democrática» que ayer reclamaban Pilar Bardem y otros seguidores del magistrado, propia de países donde las togas se han de manchar necesariamente con el polvo de los caminos y donde los magistrados tienen más próximos los intereses del partido que los códigos y reglamentos. La Justicia, en democracia, es ante todo independiente, y todos los españoles somos iguales ante la Ley, como bien recordó Don Juan Carlos en su discurso de Navidad. Por eso Garzón ha cambiado de sitio en la Sala y ocupa ahora el banquillo de los acusados, a pesar de su reconocido historial como magistrado en la lucha contra el terrorismo y de haber sido el único juez español capaz de brillar en el ámbito mediático internacional.