Caso Palau

El tripartito lleva la presunta financiación irregular de CDC a la Fiscalía

Los grupos del PSC, ERC e ICV-EUiA han pactado, en su escrito de conclusiones sobre la comisión de investigación del Palau de la Música que mañana será aprobado en comisión y el miércoles en el pleno, pedir a la Mesa del Parlament que lleve la presunta financiación irregular de CDC a la Fiscalía.

PSC, ERC e ICV-EUiA creen que el informe de hoy de la Oficina Antifraude confirma sus hipótesis sobre la presunta financiación irregular de CDC a través de la estructura del Palau de la Música. Según el escrito, el tripartito insta "a la Mesa del Parlament a que traslade"estas conclusiones y la ingente documentación que ha analizado la comisión de investigación "a los juzgados de instrucción de Barcelona que están juzgando las irregularidades en el Palau". La decisión de estos grupos de remitir el dictamen de la comisión de investigación a los juzgados implica llevar también a la vía judicial los fondos transferidos desde el Palau a Àngel Colom, actual dirigentes de CDC, para financiar el extinto Partit per la Independència, así como las supuestas irregularidades en la Ametlla del Vallès (Barcelona). Sin embargo, lo más relevante de las conclusiones es que emplazan "a la Mesa del Parlament a que traslade el dictamen al Ministerio Fiscal, poniendo a su disposición todo lo actuado durante la comisión y en especial lo referido a las presuntas irregularidades en la financiación de CDC y la fundación Ramon Trias Fargas a través de cobros de comisiones asociados a la adjudicación de obra pública". Y es que, según el tripartito, "ha sido posible acreditar que los recursos transferidos a la Fundación Ramon Trias Fargas a través de los convenios (con el Palau) provienen, exclusivamente, de la empresa constructora Ferrovial", una "relación de causa-efecto no desmentida por ninguno de los comparecientes", añaden. El escrito concluye también que no se ha podido certificar que las actividades objeto de los convenios se realizaran y sí ve "acreditado"que parte de los recursos procedentes de Ferrovial también fueron "usados para liquidar determinadas facturas que no se corresponderían con servicios realizados en esta institución". Asimismo, el tripartito subraya la "existencia de vinculaciones"entre empresas como New Letter o Letter Graphic, que cobraron del Palau pese a no ser proveedores de esta institución, y "trabajos con CiU". Así pues, los grupos que apoyan al Govern aprecian "la existencia de indicios"que apuntan la comisión de diferentes hechos que podrían ser considerados "ilícitos"y "perseguibles penalmente". "La comisión ha constatado, del conjunto de evidencias obtenidas en el transcurso de sus trabajos, que existen indicios suficientes de causalidad entre la obra pública adjudicada y el cobro de comisiones a través del entramado del Palau de la Música", remarcan estos grupos, que también creen que el saqueador confeso del Palau, Fèlix Millet, pagó "gastos electorales a los representantes de CiU en L'Ametlla del Vallès (Barcelona)". En este contexto, el tripartito, que mañana usará su mayoría parlamentaria para aprobar estas conclusiones en comisión, apunta que la documentación analizada "permite probar la existencia de un circuito que se iniciaría con las adjudicaciones de obra pública a Ferrovial". "Esta empresa compensaría con comisiones que pagaría al Palau en forma de patrocinios y esta institución, a su vez, desviaría una parte de las comisiones a quien ha adjudicado la obra, CiU, que en aquellos momentos tenía el Govern de la Generalitat", apostilla el documento. "La documentación del Palau apunta claramente a los señores Fèlix Millet y Jordi Montull como intermediarios en una trama de financiación irregular vía adjudicación de obra pública", concluye el documento.

CiU pide el cese del Interventor General y de la directora de Patrimonio de la GeneralitatCiU pide en sus conclusiones de la comisión de investigación del caso del Palau de la Música que sean cesados el Interventor General de la Generalitat, Josep Maria Portabella, y la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, por la pérdida patrimonial sufrida con el proyecto del hotel. Según ha indicado el portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, su formación "hace suyo"el informe de conclusiones presentado esta mañana por la Oficina Antifraude porque "retrata de forma muy fidedigna lo que ha pasado en la comisión de investigación". CiU considera, en este sentido, que después de 56 comparecencias y de reunir mucha información, "se ha intentado generar dudas razonables y conjeturas"sobre la financiación irregular de CDC con fondos del Palau, pero que no hay ninguna prueba concluyente. En opinión del portavoz de CiU, "la comisión se ha vuelto en contra de quienes la han propuesto"(las formaciones del tripartito y el PPC), y "mientras que Convergència pone a los comparecientes, el PSC está poniendo a los imputados"por el caso del hotel del Palau. En su propuesta de conclusiones, que mañana tendrá que ser votada en el seno de la comisión junto a las de los demás grupos, CiU considera "acreditados"tres "hechos graves". El primero es que el Govern ha tenido una pérdida patrimonial, por la operación del hotel que proyectaba el Palau de la Música, de 5,8 millones de euros, mientras que la segunda es que hay cerca de 4 millones de euros del Consorcio del Palau que "han volado y no sabemos dónde han ido a parar", dicho en palabras de Oriol Pujol. Como tercera conclusión, CiU apunta que hay un importante volumen de "facturas falsas"del cual "no se sabe nada", ha afirmado el mismo portavoz convergente. Por la primera conclusión, este grupo pide al gobierno de la Generalitat que "asuma responsabilidades políticas por la pérdida de valor patrimonial", y en este sentido, solicita el cese del Interventor General, Josep Maria Portabella, y de la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu. Sobre esta última, sin embargo, Oriol Pujol ha dejado abierta la posibilidad de que sea el conseller de Economía, Antoni Castells, o bien el presidente de la Generalitat, José Montilla, quienes decidan si, en lugar de Turu, tiene que asumir responsabilidades políticas otro alto cargo de la Administración catalana. Sea como sea, el portavoz de CiU ha vuelto a echar en cara del tripartito que haya sido creada "una comisión de investigación para convertirla en un tribunal político contra la principal formación de la oposición"con la finalidad de provocar "su desgaste". También ha lamentado que esto haya provocado "un espectáculo sin ningún interés para la gente"guiado por el lema anunciado por el conseller Antoni Castells de "empastifa que fa fort"("ensucia que algo queda"). Según Oriol Pujol, "el tripartito haría bien en leer con detenimiento el informe de la Oficina Antifraude"porque contiene "aseveraciones muy relevantes"que "no las está teniendo en cuenta al hacer sus valoraciones". Por lo que respecta a las "recomendaciones"de la comisión, CiU propone cinco, y la primera es que sea asumido el paquete de medidas sugerido por la Oficina Antifraude, mientras que la siguiente es que el Interventor General tenga que hacer obligatoriamente un informe cada vez que la Sindicatura detecte posibles irregularidades. Las otras recomendaciones pasan por mejorar los mecanismos de transparencia para que los diputados tengan mayor acceso a la información que requieran para ejercer su función de control, que sea "acreditado"todo el gasto público y cambiar el reglamento del Parlament para que las comisiones de investigación sirvan "para su auténtica función".