La Fiscalía General pide que los implicados se juzguen a la vez

La Fiscalía General del Estado reclama, en su memoria de 2009, que casos como el de la desaparición y presunto asesinato de Marta del Castillo –considerados de «máxima gravedad»– deben juzgarse de forma conjunta, tanto la instrucción como el enjuiciamiento. Ésta es la tesis que ha venido solicitando la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, recogida por la jefatura general del Ministerio Fiscal que ostenta Cándido Conde-Pumpido.

La Fiscalía General aboga por, según recogió Europa Press, que la separación de las causas –como sucede en la actualidad y, en concreto, en el «caso Marta» con una instrucción por los juzgados ordinarios y otra por el de Menores– provoca «resoluciones judiciales contradictorias». Por ello, defiende la instrucción y el juicio conjuntos, teniendo en cuenta, eso sí, las singularidades propias de cada procesado previstas en el Código Penal. En la causa que investiga la desaparición y presunto asesinato de la joven sevillana están imputados cuatro adultos –el asesino confeso, Miguel Carcaño; su hermano, Francisco Javier Delgado; la novia de éste, María García, y el amigo del primero, Samuel Benítez– y un menor –Javier G. M., conocido como «el Cuco»–.

Actualmente, el «caso Marta» se divide en dos causas, sin que ninguno de los juicios se haya notificado oficialmente. El pasado lunes, la Fiscalía de Sevilla estimó que para enero podría celebrarse el enjuiciamiento de «el Cuco» y se prevé que los imputados adultos testifiquen como testigos en el juicio del menor. Se da la paradoja que, según las garantías procesales, los acusados estarán obligados a no mentir como testigos, mientras que como imputados podrá guardar silencio y no decir nada que les perjudique, lo que, en ocasiones, equivale a mentir.

La petición de la Fiscalía de Sevilla recogida por la Fiscalía General del Estado explicó que a pesar de que hay un mismo relato fáctico –elaborado en base a las pruebas y los distintos testimonios de los imputados–, los delitos imputados a los mayores de edad y al menor en los autos de adopción de medidas cautelares fueron «completamente dispares». Estas diferencias pueden afectar a las condenas, que podrían basarse en hechos considerados como probados diferentes, según alertó el Ministerio Público.

Además, la Fiscalía hispalense habla de la opción de autorizar a los tribunales, a través de una reforma legislativa, para decretar una especie de comiso de las ganancias de los medios de comunicación, que podrían adjudicarse al Estado con fines benéficos, en los casos de una conducta reiterada de las empresas mediáticas en el acoso al honor, la intimidad o la imagen de una persona. Es decir, «condenas ejemplares que frenen tendencias insanas, morbosas y dañinas para el conjunto social, sin que los tribunales se vean en la tesitura de tener que enriquecer sobremanera a los perjudicados reclamantes».


La denuncia por injurias contra una internauta pasa al Fiscal de Menores
El juzgado de Instrucción número 14 ha acordado su inhibición y el traslado a la Fiscalía de Menores de la denuncia interpuesta contra una internauta identificada como «Rubí samuelista» por parte de la madre de la menor con la que mantuvo una relación Miguel Carcaño. Fuentes judiciales informaron a Europa Press de que, en un auto dictado el 7 de septiembre, el juez Manuel Ignacio Centeno explica que, en la fecha de los hechos denunciados y en base a los informes policiales, la imputada era menor, por lo que acuerda su inhibición. El instructor establece la remisión de las actuaciones al Ministerio fiscal «a fin de que proceda conforme a derecho» respecto a la denunciada, natural de Canarias, que realizó comentarios injuriosos en foros de internet y en
webs de prensa.