El lastre de las constructoras

La sorprendente suspensión del encuentro entre el presidente del Gobierno y la cúpula de las grandes constructoras ha puesto el foco en la delicada situación del sector. Más allá de las distintas versiones que circularon sobre la cita malograda, lo sustancial es el horizonte de incertidumbre que se abre para un sector clave y fundamental de la economía española, no sólo por el impacto de la crisis, sino también por las dificultades añadidas del recorte de la inversión en 6.400 millones en obra pública decidido por el Consejo de Ministros. Esa controvertida medida, encuadrada en el paquete de ajuste fiscal, ha agudizado las complicaciones para las grandes compañías y para el entramado de empresas auxiliares que operan al calor de los contratos. El estado de la situación es el de un sector sobredimensionado y con márgenes de beneficios reducidos, que afronta un escenario de restricción de la demanda y una morosidad pública de gran envergadura. Las cifras hablan por sí solas del pesado lastre que soportan las constructoras por la incapacidad de las administraciones públicas para hacer frente a sus compromisos de gasto. Según los últimos datos disponibles de la patronal del sector, Seopan, el Estado les adeuda 6.500 millones, las comunidades autónomas 4.000 y los ayuntamientos 6.000 millones de euros. Si a eso añadimos el frenazo impuesto por el Ministerio de Fomento, parece sensato y más que conveniente que el Gobierno escuche y atienda las inquietudes y necesidades del sector.

Hablamos de empresas privadas, pero también de sustanciales intereses públicos. El escenario arrastra consecuencias sobre las que el Gobierno parece no haber reflexionado lo necesario. En términos de empleo, el sector estimó ayer mismo que el último ajuste en la obra pública supondrá una pérdida de 72.000 puestos de trabajo en el corto plazo, y que a dos años y medio se incrementará hasta 160.000 empleos. En un país que va camino de los cinco millones de parados, el futuro planteado por la Administración para la obra civil no es conveniente ni oportuno. Hay alternativas viables que no pasan por una catarsis de estas dimensiones en un sector, conviene no olvidarlo, que supuso el 10 por ciento del PIB nacional en 2009, y el 10,3 por ciento del empleo del país. La ineficiencia de las administraciones públicas en la gestión de los recursos no la pueden pagar ni las empresas ni los trabajadores. El país necesita un ajuste para contener el déficit y tiene ingentes partidas recortables, pero es un tremendo error, por muy sencillo que resulte políticamente, concentrarlo en un capítulo esencial para el crecimiento como el de las infraestructuras, que además presenta unas tasas de retorno fiscal relevantes: de cada 100 euros que se gastan, 59 regresan a la Hacienda. Por todo ello, resulta necesario hablar urgentemente con las constructoras, apostar por esta inversión productiva en tiempos de crisis, agilizar el crédito y proteger, en suma, a un sector generador de riqueza y de trabajo. La recuperación de la economía no podrá arrancar si no retiramos el lastre político que castiga a decenas de miles de empresas.